Declaración de Nuevo León
Preámbulo
Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas elegidos
democráticamente, entre quienes se encuentran catorce nuevos mandatarios
que han asumido su cargo después de la Tercera Cumbre de las Américas,
realizada en la Ciudad de Québec, Canadá, nos hemos reunido en una
Cumbre Extraordinaria en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México.
Nuestro propósito es avanzar en la instrumentación de medidas para
combatir la pobreza, promover el desarrollo social, lograr un
crecimiento económico con equidad y reforzar la gobernabilidad de
nuestras democracias. Con una visión renovada y fortalecida de la
cooperación, la solidaridad y la integración, haremos frente a los
continuos y crecientes retos del Hemisferio.
Guiados por la necesidad de trabajar juntos para impulsar la prosperidad,
promover la inclusión social y una distribución más equitativa del
crecimiento económico, eliminar el hambre, elevar los niveles de vida,
generar nuevas oportunidades de empleo y de inversión, promover el
trabajo decente, así como enfrentar las nuevas amenazas a la seguridad,
entre otras, el terrorismo, la delincuencia organizada y el tráfico
ilícito de armas, reafirmamos nuestro compromiso con la Carta
Democrática Interamericana y reiteramos nuestra firme intención de
continuar instrumentando los mandatos de las Cumbres de las Américas,
así como los compromisos asumidos en la Cumbre del Milenio, la
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Consenso
de Monterrey) y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
celebrada en Johannesburgo.
Afirmamos que el bienestar de nuestros pueblos requiere el logro de tres
objetivos estrechamente vinculados e interdependientes: crecimiento
económico con equidad para reducir la pobreza, desarrollo social y
gobernabilidad democrática.
Por ello, declaramos:
Crecimiento económico con equidad para reducir la pobreza
En la búsqueda de un crecimiento económico sostenido y equitativo que
contribuya al desarrollo de largo plazo, reduzca la pobreza, elimine el
hambre y eleve los niveles de vida de la población, con especial
atención a los sectores y grupos sociales más vulnerables, nos
comprometemos a continuar instrumentando políticas macroeconómicas
sólidas, políticas monetarias y fiscales prudentes, regímenes de tasas
de cambio apropiados, una administración prudente y apropiada de la
deuda pública, la diversificación de la economía y el mejoramiento de la
competitividad. Nos comprometemos también a la transformación
cualitativa de la administración pública a través de su modernización,
simplificación, descentralización y transparencia. Asimismo,
redoblaremos nuestros esfuerzos para mejorar el clima de inversión en
nuestros países y promover la responsabilidad social de las empresas.
Reafirmamos nuestro compromiso con el Consenso de Monterrey, adoptado en
la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en
2002, en el sentido de que cada país es el principal responsable de su
propio desarrollo social y económico a través de políticas racionales,
buen gobierno y el estado de derecho. El cumplimiento de esta
responsabilidad permite el uso efectivo de recursos internos e
internacionales para el desarrollo, el crecimiento económico y la
reducción de la pobreza. En este contexto, reafirmamos el imperativo de
la comunidad internacional de apoyar los esfuerzos nacionales de
desarrollo. De acuerdo con las recomendaciones del Consenso de
Monterrey, buscaremos articular esfuerzos internacionales con miras a la
movilización de recursos para el desarrollo económico sostenible y el
combate a la pobreza y el hambre en todos los países del Hemisferio. En
particular, continuaremos nuestros esfuerzos con miras a la
identificación de fuentes de financiamiento seguras que atiendan las
necesidades de los países en desarrollo y la apertura de mercados para
sus productos.
Continuaremos implementando políticas públicas que estimulen mayor
ahorro interno, respondan a la necesidad de crear empleos productivos y
contribuyan a una mayor inclusión social.
Destacamos la importancia de la participación del sector privado en el
logro de nuestros objetivos. Reconocemos que las micro, pequeñas y
medianas empresas constituyen un componente fundamental para el
crecimiento económico, la creación de empleos y la reducción de la
pobreza en nuestros países. Apoyaremos a las micro, pequeñas y medianas
empresas a través de políticas y programas que faciliten su
consolidación y formalización, permitan su efectivo acceso a los
mercados y a las licitaciones del sector público, y entre otros,
promuevan la formación de recursos humanos y faciliten el acceso al
crédito, a los servicios de desarrollo empresarial y a nuevas
tecnologías, a fin de reducir los costos administrativos. Asimismo,
promoveremos la intensificación de la cooperación internacional para
fomentar la transferencia de mejores prácticas orientadas al desarrollo
de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Tomaremos las medidas legales, normativas e institucionales necesarias y
posibles, antes de la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en
2005, con el objeto de simplificar los procedimientos y reducir
significativamente el tiempo y el costo del establecimiento de las
empresas en cada país de la región.
Apoyamos el trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo a fin de que,
a través de sus mecanismos y programas para el desarrollo del sector
privado, triplique para el año 2007 sus préstamos mediante el sistema
bancario a las micro, pequeñas y medianas empresas, tratando de
beneficiar a todos los países que participan en el proceso de Cumbres de
las Américas.
Reconocemos el relevante papel que desempeña el comercio en la promoción
del crecimiento y el desarrollo económico sostenidos. Reafirmamos
nuestro compromiso de avanzar en la Agenda de Doha para beneficiar a
todas nuestras economías, especialmente las economías en desarrollo,
promoviendo, entre otras medidas, mejor acceso a los mercados,
eliminando los subsidios a la exportación y reduciendo sustancialmente
las ayudas internas que distorsionan el comercio.
Reconocemos que la liberalización del comercio de productos agrícolas
constituye, entre otros, un elemento esencial para el desarrollo de la
agricultura en los países del Hemisferio. Por lo tanto, reafirmamos
nuestro compromiso con las negociaciones comerciales para promover un
efectivo acceso a los mercados.
Acogemos los avances logrados hasta la fecha para el establecimiento de
un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y tomamos nota con
satisfacción de los resultados equilibrados de la VIII Reunión
Ministerial del ALCA realizada en Miami en noviembre de 2003. Apoyamos
el acuerdo de los ministros sobre la estructura y el calendario adoptado
para la conclusión de las negociaciones para el ALCA en los plazos
previstos, que fomentará, con la mayor eficacia, el crecimiento
económico, la reducción de la pobreza, el desarrollo y la integración, a
través de la liberalización del comercio, contribuyendo al logro de los
amplios objetivos de la Cumbre.*
Continuaremos trabajando en la reforma de la arquitectura financiera
internacional con los objetivos de, inter alia, contribuir a la
prevención y rápida solución de las crisis financieras, que perjudican
particularmente a los países en desarrollo de la región, reforzar el
financiamiento para el desarrollo, combatir la pobreza y fortalecer la
gobernabilidad democrática. Apoyamos los esfuerzos de los países
prestatarios para trabajar con el sector privado con el fin de explorar
nuevos enfoques para reducir la carga del servicio de la deuda durante
períodos de desaceleración económica. Reconocemos el liderazgo de países
de la región al incluir cláusulas de acción colectiva en sus emisiones
internacionales de bonos. Hacemos un llamado a las instituciones
financieras internacionales y regionales a que fortalezcan la
coordinación de sus actividades a fin de que respondan de manera más
efectiva a las necesidades de desarrollo de largo plazo de los países de
la región para alcanzar resultados medibles en sus esfuerzos de
erradicación de la pobreza, a través del uso más efectivo de todas las
fuentes de financiamiento disponibles para el desarrollo.
Manifestamos que el crecimiento económico sostenible es el factor más
importante para la administración y el pago del servicio de la deuda
pública.
Reconocemos que las políticas macroeconómicas racionales y una prudente
administración fiscal son también centrales para alcanzar la
sustentabilidad fiscal a largo plazo.
Consideramos también pertinente tomar en cuenta, cuando corresponda, las
previsiones sobre alivio de la deuda externa señaladas en el párrafo 48
del Consenso de Monterrey.
Asimismo, reconocemos la responsabilidad de cada país respecto de su
propio desarrollo económico, pero también que existe un vínculo de
interdependencia entre las economías nacionales y el sistema económico
mundial.
En el contexto de la Iniciativa Reforzada para la reducción de la deuda
de los Países Pobres Muy Endeudados, hacemos un llamado a todos los
acreedores a participar en el alivio de la deuda en beneficio de los
países elegibles del Hemisferio, en apoyo a las reformas económicas y la
reducción de la pobreza.
Reconocemos que la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad es
uno de los elementos fundamentales para el crecimiento económico, toda
vez que la verificación del título de la propiedad ayuda a las personas
a obtener préstamos e iniciar negocios.
Por lo tanto, nos comprometemos, en los casos que sea necesario y
apropiado, a fortalecer los derechos de propiedad y ampliar el uso de la
misma como garantía, asegurando la aplicación de normas eficaces,
transparentes, integrales y equitativas que rijan los contratos de
propiedad, así como a mejorar o impulsar las medidas relativas a la
transferencia de la propiedad, los registros de propiedad, el
establecimiento de la propiedad como forma de garantía y los derechos y
obligaciones de deudores y acreedores.
En lo que se refiere a estas medidas, nos comprometemos a emprender
acciones concretas antes de la próxima Cumbre de las Américas, a
celebrarse en la Argentina en 2005, e informar en esa oportunidad sobre
los progresos alcanzados. Nos empeñaremos en asegurar que los derechos
de propiedad beneficien a todas las personas sin discriminación.
Reconocemos que el envío de remesas es una fuente importante de capital
en muchos países del Hemisferio. Nos comprometemos a tomar acciones
concretas para promover el establecimiento, lo antes posible, de las
condiciones necesarias con miras a alcanzar la meta de una reducción de
por lo menos la mitad del costo promedio regional de estas
transferencias, de ser posible a más tardar en el 2008 e informar de los
progresos alcanzados a la próxima Cumbre de las Américas en Argentina en
2005. Adoptaremos, según sea necesario y apropiado, medidas tales como
la promoción de la competencia entre los prestadores de estos servicios,
la eliminación de obstáculos normativos y otras medidas restrictivas que
afectan el costo de estas transferencias, así como el uso de nuevas
tecnologías, manteniendo normas de supervisión financiera efectivas.
Promoveremos la protección de los consumidores, la competencia leal y el
perfeccionamiento del funcionamiento de los mercados, a través de marcos
regulatorios claros, efectivos y transparentes.
Desarrollo social
Reconocemos que la superación de la pobreza, el hambre y la desigualdad
social son grandes retos que enfrentan muchos países del Hemisferio en
el siglo XXI. Estamos convencidos de que las políticas económicas y
sociales coordinadas e integradas son un requisito para el éxito en el
combate a la desigualdad de oportunidades y la marginación, y que tales
políticas son pilares fundamentales para edificar una sociedad más
justa. Enfatizamos que el trabajo, el empleo y el ingreso son esenciales
para una política social incluyente.
Reiteramos que el empoderamiento de la mujer, su plena e igualitaria
participación en el desarrollo de nuestras sociedades y su igualdad de
oportunidades para ejercer liderazgo son fundamentales para la reducción
de la pobreza, la promoción de la prosperidad económica y social y el
desarrollo sostenible centrado en el ser humano. Reafirmamos nuestro
compromiso de continuar promoviendo la igualdad y equidad de género y
los mandatos de las Cumbres de las Américas en esta materia.
Reconocemos la urgencia de que se fortalezcan en la Organización de los
Estados Americanos los mecanismos de lucha contra la pobreza, tales como
el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, la Comisión
Interamericana de Desarrollo Social y el Programa Interamericano de
Combate a la Pobreza y la Discriminación. Reconocemos, asimismo, la
importancia de la promoción y observancia de los derechos económicos,
sociales y culturales. Urgimos a la Organización de los Estados
Americanos a considerar cuidadosamente las recomendaciones aprobadas
durante la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión
Social, celebrada en Isla de Margarita, Venezuela, para fortalecer la
agenda social hemisférica.
Impulsaremos políticas que fortalezcan los sistemas de seguridad social
en nuestros países. Asimismo, instrumentaremos, en la medida de nuestras
capacidades y posibilidades financieras, redes de protección social u
otras modalidades apropiadas para atender a los sectores más vulnerables
de nuestras sociedades. Alentamos a los países del Hemisferio que aún no
hayan establecido estas redes a explorar la posibilidad de hacerlo en el
más corto plazo que les sea posible.
Reconocemos los esfuerzos realizados por países del Hemisferio para
atender los problemas sociales suscitados por situaciones de
desocupación, tales como la adopción de sistemas de seguro de desempleo
o programas de ingreso de subsistencia.
Reafirmamos que la diversidad de culturas que caracteriza a nuestro
Hemisferio enriquece enormemente a nuestras sociedades y que el respeto
y la valoración de nuestra diversidad cultural propician el desarrollo
cultural y la cohesión social en nuestros países.
Con relación a los derechos de los pueblos indígenas, reconocemos el
avance sustantivo alcanzado en las negociaciones llevadas a cabo en el
marco de la Organización de los Estados Americanos en torno a la
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con
la participación efectiva de representantes de estos pueblos. Reiteramos
nuestra voluntad política y apoyo para la conclusión exitosa de las
negociaciones y pronta aprobación de la Declaración, la cual tiene como
objetivo promover y proteger sus derechos humanos y libertades
fundamentales.
Destacamos la importancia de la cooperación entre países de origen,
tránsito y destino para asegurar la plena protección de los derechos
humanos de todos los migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y
sus familias, y la observancia de las leyes laborales aplicables a
ellos, de conformidad con los compromisos asumidos en las Cumbres de
Santiago y de la Ciudad de Québec. Apoyamos la adopción de programas de
migración ordenada como factor de desarrollo económico y social, y
cooperaremos en el combate a la trata de personas, que afecta
especialmente a mujeres y niños.
Estamos comprometidos con los principios del trabajo decente
establecidos por la Organización Internacional del Trabajo y
promoveremos la aplicación de la Declaración relativa a los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo, con el convencimiento de que el
respeto de los derechos y la dignidad de los trabajadores es un elemento
esencial para alcanzar la reducción de la pobreza y el desarrollo social
y económico sostenible de nuestros pueblos. Adicionalmente, acordamos
tomar medidas para combatir las peores formas de trabajo infantil.
Reconocemos y apoyamos la importante labor de la Conferencia
Interamericana de Ministros de Trabajo para alcanzar estos objetivos
vitales.
La educación es factor decisivo para el desarrollo humano, al incidir en
la vida política, social, cultural, económica y democrática de nuestras
sociedades. El incremento de las tasas de analfabetismo en muchos países
de nuestro Hemisferio es un asunto que requiere nuestra acción
inmediata. Nos comprometemos a continuar promoviendo el acceso a la
educación básica de calidad para todos, basada en los principios de
participación, equidad, pertinencia y eficacia, que genere las
capacidades y habilidades necesarias para impulsar el proceso de
desarrollo de nuestros pueblos sin discriminación ni exclusión alguna y
así responder a los retos del siglo XXI.
Nos comprometemos a incrementar el acceso y la divulgación de
información sobre nuestros sistemas educativos, con el objeto de mejorar
su desempeño. En este sentido, reiteramos nuestro compromiso de
continuar la implementación del Proyecto Regional de Indicadores
Educativos, refrendado en la Tercera Reunión Interamericana de Ministros
de Educación, celebrada en la Ciudad de México. En especial, aquellos
países que no lo hayan hecho elaborarán y divulgarán públicamente, antes
de la próxima Cumbre, un informe con base en las metas de educación
establecidas en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas,
a fin de fomentar su uso como una herramienta en la toma de decisiones
para evaluar y mejorar los resultados.
Coincidimos en que la investigación y el desarrollo científico y
tecnológico juegan un papel importante en la creación y el sostenimiento
de economías productivas. Seguiremos formulando políticas y lineamientos
que apoyen las asociaciones de investigación públicas y privadas y
promuevan su interacción con los sectores productivos, teniendo en
cuenta los requerimientos y objetivos de nuestros países. Continuaremos
incrementando las inversiones en el área de ciencia y tecnología, con la
participación del sector privado y el apoyo de los organismos
multilaterales. En este sentido, nos empeñaremos en ampliar el acceso
efectivo y equitativo a las tecnologías y su transferencia. Asimismo,
intensificaremos nuestros esfuerzos para incentivar a nuestras
universidades e instituciones superiores de ciencia y tecnología a
multiplicar y potenciar sus vínculos y a profundizar la investigación
básica y aplicada. En relación con todas estas iniciativas, nos
comprometemos a la protección de la propiedad intelectual, de
conformidad tanto con las leyes nacionales como con los convenios
internacionales.
Estamos conscientes de que la revolución informática aporta nuevas
oportunidades para aumentar el acceso al conocimiento para el desarrollo
y para ampliar la participación equitativa en el desarrollo sostenible
de nuestras sociedades, particularmente en las áreas rurales, remotas y
marginales. En un esfuerzo por reducir la brecha digital, tanto dentro
de nuestros países como entre ellos, nos comprometemos con la
Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información y la instrumentación continuada de la Agenda de Conectividad
para las Américas y el Plan de Acción de Quito. Por ello, reafirmamos
nuestro compromiso de construir una sociedad de la información enfocada
en el ser humano, incluyente y orientada al desarrollo, que esté
inspirada en los objetivos de inclusión social, reducción de la pobreza
y el progreso en el marco de un desarrollo económico social equilibrado.
Nos abocaremos, en el marco de nuestras legislaciones y competencias
nacionales, a incentivar el acceso a precios razonables a las
tecnologías de la información y la comunicación para todos, y
alentaremos la plena y activa participación de la sociedad civil,
incluido el sector privado, para alcanzar esta meta.
Destacamos que uno de los pilares del desarrollo humano y el progreso de
las naciones es la protección social en materia de salud, por lo que
continuaremos ampliando las estrategias de prevención, atención y
promoción, así como la inversión en este ámbito, a efecto de proveer
servicios de calidad para todos y mejorar dentro de lo posible la
protección social a todas las personas, con particular énfasis en los
grupos más vulnerables.
Estamos particularmente preocupados por el impacto del VIH/SIDA en
nuestras respectivas sociedades, su proliferación y la amenaza que ésta
representa para la seguridad de nuestros pueblos. Reconocemos que para
combatir la pandemia del VIH/SIDA es necesario realizar mayores
esfuerzos de prevención, atención y tratamiento en el Hemisferio.
Nuestro liderazgo político es esencial para hacer frente al estigma, la
discriminación y el temor que disuaden a las personas de someterse a la
prueba y acceder al tratamiento y atención. Reconocemos que, para hacer
frente a los desafíos causados por la pandemia del VIH/SIDA, se requiere
continuar aumentando los esfuerzos de cooperación a nivel mundial.
De acuerdo con las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas y de
sus organismos especializados, las decisiones pertinentes de la
Organización Mundial del Comercio y la Iniciativa “tres millones para
2005” de la Organización Mundial de la Salud, nos comprometemos a
facilitar tratamiento accesible del VIH/SIDA con el objetivo de proveer
tratamiento antirretroviral a todos los que lo necesiten, lo más pronto
posible y al menos a 600.000 individuos para el año 2005. Asimismo,
solicitamos al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y
el Paludismo identificar criterios que permitan a los países de América
Latina y el Caribe tener un mayor acceso a sus recursos.
De la misma forma, estamos preocupados por las enfermedades emergentes y
reemergentes, tales como malaria, dengue, fiebre amarilla, tuberculosis,
lepra, mal de Chagas y otras, considerando el actual contexto económico,
social y de saneamiento ambiental, el impacto de los recurrentes
desastres naturales y los problemas de salud asociados con el
crecimiento no planificado en áreas densamente pobladas.
Por ello, nos comprometemos a reforzar los programas de promoción,
prevención, control y tratamiento, continuar desarrollando y
fortaleciendo estrategias de cooperación técnica entre países de la
región y profundizar la cooperación técnica con la Organización
Panamericana de la Salud, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros
organismos interamericanos, así como con otros actores clave, con el
propósito de implementar acciones integrales de salud pública para el
control y la eliminación de estas enfermedades.
Nos comprometemos a mantener un esfuerzo sostenido para mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones rurales, al promover las
inversiones y crear un entorno favorable para el mejoramiento sostenible
de la agricultura, a fin de que contribuya al desarrollo social, la
prosperidad rural y la seguridad alimentaria. En este contexto, apoyamos
la aplicación del Plan de Acción “AGRO 2003-2015” para la Agricultura y
la Vida Rural de las Américas, adoptado por la Segunda Reunión
Ministerial de Agricultura y Vida Rural, llevada a cabo en la Ciudad de
Panamá en noviembre de 2003, y esperamos que el Foro Mundial de
Biotecnología, que se llevará a cabo en Chile en marzo de 2004,
contribuya a combatir el hambre en la región.
Asumimos el compromiso de incrementar la cooperación y fortalecer las
instituciones responsables de coordinar e implementar las acciones
orientadas a disminuir el impacto de los desastres naturales en las
personas y su efecto en los planes nacionales de desarrollo, con énfasis
en las áreas de prevención, mitigación, atención de emergencias y
gestión del riesgo en sus diferentes niveles.
Creemos que asegurar la salud ambiental de nuestras poblaciones es una
inversión para el bienestar y la prosperidad de largo plazo. Nos
sentimos estimulados por la nueva alianza de los Ministros de Salud y
Medio Ambiente de las Américas y les encomendamos desarrollar una agenda
de cooperación para prevenir y minimizar los impactos negativos al medio
ambiente y a la salud humana.
Gobernabilidad democrática
Expresamos nuestro apoyo a la Declaración de Santiago sobre Democracia y
Confianza Ciudadana para definir una agenda de gobernabilidad para el
Hemisferio que nos permita enfrentar los desafíos políticos, económicos
y sociales, para fomentar la credibilidad y la confianza ciudadana en
las instituciones democráticas.
Reiteramos nuestro compromiso con la plena aplicación de la Carta
Democrática Interamericana, que constituye un elemento de identidad
regional cuya proyección internacional es un aporte de nuestro
Hemisferio a la comunidad de naciones. Reafirmamos nuestra decisión de
coordinar acciones inmediatas cuando la democracia corra peligro en
cualquiera de nuestros países. Asimismo, continuaremos nuestros
esfuerzos para fortalecer los mecanismos de defensa de la democracia y
para desarrollar y promover una cultura y una educación para la
democracia.
Reconocemos la participación de muchos países del Hemisferio en la
Comunidad de las Democracias y hacemos un llamado para que la Tercera
Conferencia Ministerial continúe apoyando el fortalecimiento de las
instituciones democráticas, en especial de los partidos políticos.
El fortalecimiento y respeto del estado de derecho, la defensa de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, el progreso económico,
el bienestar y la justicia social, la transparencia y la rendición de
cuentas en los asuntos públicos, la promoción de diversas formas de
participación ciudadana y la generación de oportunidades para todos son
fundamentales para promover y consolidar la democracia representativa.
La gobernabilidad democrática se fortalece a través del diálogo entre
todos los sectores de la sociedad. Continuaremos impulsando una cultura
democrática y de desarrollo basada en el pluralismo y la aceptación de
la diversidad social y cultural.
Reconocemos que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones
públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra
el estado de derecho y distorsionan las economías y la asignación de
recursos para el desarrollo. Por ello, nos comprometemos a intensificar
nuestros esfuerzos para combatir la corrupción y otras prácticas no
éticas en los sectores público y/o privado, fortaleciendo una cultura de
transparencia y una gestión pública más eficiente.
Manifestamos nuestra preocupación por prácticas corruptas, ilegales y
fraudulentas en la administración de algunas empresas nacionales y
transnacionales, que podrían afectar negativamente las economías, en
particular en las de los países en desarrollo, sus productores y
consumidores.
La Carta Democrática Interamericana señala que los pueblos de América
tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de
promoverla y defenderla y establece que son componentes fundamentales
del ejercicio de la democracia, la transparencia de las actividades
gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la
gestión pública. Por ello, incrementaremos nuestra cooperación en el
marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción,
particularmente a través del fortalecimiento del Mecanismo de
Seguimiento de este instrumento. Encomendamos a la próxima reunión de la
Conferencia de los Estados Partes del Mecanismo de Seguimiento de la
Convención que proponga medidas concretas para fortalecer ese mecanismo.
Estas recomendaciones se evaluarán en una reunión de los Estados Partes
de la Convención a realizarse en Managua, Nicaragua, a mediados de 2004.
Asimismo, en esa reunión se considerarán medidas concretas adicionales
para aumentar la transparencia y combatir la corrupción. Instruimos a
nuestros Ministros de Relaciones Exteriores que nos informen en la
Cuarta Cumbre de las Américas sobre los progresos realizados.
Acordamos hacer consultas en el caso de que la adhesión a nuestros
objetivos compartidos de transparencia y anticorrupción, de conformidad
con la Convención Interamericana contra la Corrupción, se vea seriamente
comprometida en cualquiera de nuestros países.
Nos comprometemos a impulsar la transparencia en los procesos políticos,
en la administración de las finanzas públicas, en las transacciones
gubernamentales y en los procedimientos de licitaciones y contratos de
acuerdo con la legislación interna para, entre otras cosas, prevenir los
abusos y mantener la confianza pública.
En el marco de nuestra legislación nacional y normas internacionales
aplicables, nos comprometemos a negar acogida a funcionarios corruptos,
a quienes los corrompen y a sus bienes, y a cooperar en su extradición,
así como en la recuperación y la restitución de los activos producto de
la corrupción a sus legítimos propietarios. Asimismo, nos comprometemos
a perfeccionar los mecanismos regionales de asistencia jurídica mutua en
materia penal y su implementación.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un valioso
instrumento para enfrentar este flagelo, por lo que nos comprometemos a
considerar su firma y promover su ratificación.
También nos comprometemos a incrementar la transparencia de las
organizaciones internacionales de las cuales somos miembros a través del
fortalecimiento de sus mecanismos de rendición de cuentas.
Reconocemos que el pluralismo político y partidos políticos sólidos son
elementos esenciales de la democracia. Destacamos la importancia de
normas que aseguren la transparencia de sus finanzas, eviten la
corrupción y el riesgo de influencias indebidas y alienten un alto nivel
de participación electoral. Por ello, promoveremos las condiciones que
permitan a los partidos políticos desarrollarse con autonomía de los
gobiernos. Alentaremos la formación política y preparación de líderes,
incluyendo mujeres, jóvenes, indígenas, miembros de grupos étnicos y
poblaciones marginadas. Destacamos la importante labor del Foro
Interamericano sobre Partidos Políticos para facilitar que los partidos
compartan mejores prácticas y se fortalezcan, así como para promover
reformas de los sistemas de partidos políticos.
Coincidimos en que, a través de la participación ciudadana, la sociedad
civil debe contribuir en el diseño, ejecución y evaluación de las
políticas públicas impulsadas por los distintos órdenes o niveles de
gobierno. Reconocemos el papel de la sociedad civil y su contribución a
la buena gestión pública y reafirmamos la importancia de continuar
consolidando nuevas asociaciones que permitan la vinculación
constructiva entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales,
organismos internacionales y distintos sectores de la sociedad civil
para que trabajen a favor del desarrollo y la democracia.
Alentaremos la participación de la sociedad civil en el proceso de
Cumbres de las Américas, para lo cual nos proponemos institucionalizar
los encuentros con la sociedad civil, el sector académico y el privado.
Impulsaremos la modernización del Estado como elemento importante para
el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el buen gobierno,
conjugando eficacia y eficiencia con mejor acceso a los servicios,
transparencia y responsabilidad en la gestión, así como la consolidación
y profesionalización de la administración pública. Nos comprometemos a
estimular el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en
los procesos de gestión pública y adoptar estrategias que permitan el
desarrollo del gobierno electrónico.
El acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a
las normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y
confidencialidad, es condición indispensable para la participación
ciudadana y promueve el respeto efectivo de los derechos humanos. Nos
comprometemos a contar con los marcos jurídicos y normativos, así como
con las estructuras y condiciones necesarias para garantizar a nuestros
ciudadanos el derecho al acceso a la información.
Tomamos nota con satisfacción de que los gobiernos del Hemisferio están
ejecutando el Consenso de Monterrey, al explorar formas innovadoras para
movilizar financiamiento para la inversión privada y pública y reforzar
el manejo de la deuda, considerando instrumentos financieros como los
bonos indexados al crecimiento y otros, para promover la estabilidad
macroeconómica y reducir la vulnerabilidad financiera. La aplicación de
estas medidas estaría orientada a acelerar el crecimiento económico,
reducir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Tomamos
nota, asimismo, de los esfuerzos de los gobiernos de la región para
promover la discusión en esta área.
Destacamos el papel de las actuales agencias multilaterales al proveer
asistencia humanitaria. Asimismo, tomamos nota de las discusiones e
iniciativas encaminadas a mejorar la efectividad en la provisión de
asistencia humanitaria y erradicación de la pobreza, tales como la
propuesta de crear un Fondo Humanitario Internacional, de carácter
voluntario.
La justicia social y la reducción de la pobreza contribuyen a la
estabilidad, la democracia y la seguridad de nuestros Estados y de la
región. Reiteramos que entre las principales causas de inestabilidad en
la región se encuentran la pobreza, la desigualdad y la exclusión
social, que debemos enfrentar en forma integral y urgente.
Los avances en el desarrollo económico y social y el logro de mayores
niveles de equidad a través del buen gobierno contribuirán a que se
avance en la estabilidad en el Hemisferio y se profundice la dimensión
humana de la seguridad.
Reiteramos nuestro compromiso con los objetivos y propósitos contenidos
en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en la
Conferencia Especial sobre Seguridad realizada en la Ciudad de México en
octubre de 2003, que se basa, entre otros, en el concepto
multidimensional de la seguridad, así como en el principio de que el
fundamento y el propósito de la seguridad es la protección de los seres
humanos.
Esta es nuestra primera reunión desde los trágicos eventos del 11 de
septiembre de 2001. Reiteramos que el terrorismo, así como la
proliferación de armas de destrucción masiva, constituyen graves
amenazas a la seguridad internacional, a las instituciones, a los
valores democráticos de los Estados y al bienestar de nuestros pueblos.
Resolvemos intensificar nuestros esfuerzos y fortalecer nuestra
cooperación para enfrentar estas amenazas.
Tomaremos todas las medidas necesarias para prevenir y combatir el
terrorismo y su financiación, en cumplimiento pleno de nuestros
compromisos en el marco del derecho internacional, incluidos el derecho
internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los
refugiados y el derecho internacional humanitario. De igual manera, nos
comprometemos a luchar contra todas las formas de delincuencia
transnacional, incluido el tráfico ilícito de drogas, armas y personas,
particularmente cuando generan fondos utilizados en apoyo a las
organizaciones terroristas. También nos comprometemos a adherirnos a las
normas mundiales contra el lavado de activos y la financiación del
terrorismo.
Hacemos un llamado a aquellos países que aún no lo hayan hecho a
ratificar la Convención Interamericana contra el Terrorismo, las doce
convenciones y protocolos de las Naciones Unidas contra el terrorismo,
así como otros instrumentos relacionados. Instamos a todos los países a
considerar con urgencia la firma y ratificación de la Convención
Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal y a participar
activamente en la Red de asistencia jurídica mutua en materia penal.
Encomendamos a la Organización de los Estados Americanos, el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud,
la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el
Caribe, el Banco Mundial, el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura, la Corporación Andina de Fomento, el Banco
Centroamericano de Integración Económica y el Banco de Desarrollo del
Caribe que fortalezcan su coordinación y continúen profundizando su
apoyo, a través de sus respectivas actividades y programas,
comprometiendo los recursos apropiados para implementar y hacer
seguimiento de los Planes de Acción de las Cumbres de las Américas, así
como de esta Declaración, y que presten su asistencia en los
preparativos de la Cuarta Cumbre de las Américas a celebrarse en 2005.
Agradecemos a la Organización de los Estados Americanos y a su
Secretaría General, en particular a la Secretaría del Proceso de Cumbres
de las Américas y al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, su labor en
el seguimiento de las mismas y en los trabajos preparatorios de esta
Cumbre Extraordinaria.
Expresamos nuestro agradecimiento al pueblo y al Gobierno de México por
haber hospedado esta Cumbre Extraordinaria de las Américas y al Gobierno
de la Argentina por refrendar la invitación para celebrar en ese país la
Cuarta Cumbre de las Américas en 2005.
Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, acordamos
que el presente documento sea conocido como la “Declaración de Nuevo
León” y lo aprobamos a los trece días del mes de enero del año dos mil
cuatro.
* "Venezuela se reserva el párrafo relativo al ALCA, por motivos
principistas y diferencias profundas acerca del concepto y la filosofía
contenidas en el modelo propuesto, así como por el tratamiento dado a
las materias específicas y a los plazos establecidos. Ratificamos
nuestro compromiso con la consolidación de un bloque regional y de
comercio justo, como base para fortalecer los niveles de integración.
Este proceso debe considerar las especificidades culturales, sociales y
políticas de cada país; la soberanía y constitucionalidad; el nivel y
tamaño de sus economías para garantizar un trato justo.” |