La Fundación Trauma es una organización no gubernamental dedicada a la prevención de heridas y muerte causadas por lesiones. Las filosofías que rigen el acuerdo de libre comercio tienen defectos fundamentales. El lenguaje del borrador favorece los intereses de las empresas a expensas de todos los otros factores sociales y presenta una amenaza seria a la salud pública. Los comentarios siguientes resaltan algunos de los elementos más preocupantes del borrador propuesto para el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Las controversias de inversionistas contra el estado deben ser eliminadas del ALCA. El sistema de solución de controversias de la OMC, aunque defectuoso, no permite demandas de inversionistas y tampoco lo debería permitir el ALCA. Los inversionistas tienen un objetivo dominante, el aumentar ganancias. Los gobiernos, por otro lado, tienen innumerables intereses económicos y sociales que pueden contener la motivación de ganancias del litigante corporativo. Según lo demostró el TLCAN, las demandas de inversionistas distorsionan el proceso democrático al permitir que las corporaciones ignoren los sistemas legales de sus países anfitriones y propios e igualmente les permite desafiar la ley local y nacional. Esta disposición amenaza la democracia y la seguridad pública local. Esta enfrentará a los gobiernos nacionales y locales, uno contra otro, al exigir que el gobierno nacional compense a las corporaciones por sus pérdidas relacionadas a regulaciones locales. Las disposiciones sobre los derechos de los inversionistas enfriará el desarrollo de medidas de salud pública. Al ser amenazado con el prospecto de controversias internacionales costosas, el gobierno local simplemente escogerá no regular a favor del interés público.

El borrador del ALCA, así como el lenguaje del TLCAN, exige una compensación cuando la nación anfitriona nacionaliza o expropia propiedades “directa o indirectamente”. Este lenguaje “regulatorio de captura” es excesivamente amplio y permite a los inversionistas extranjeros exigir compensación por obedecer las leyes de la nación anfitriona. El lenguaje sobre expropiación debe cambiarse para que trate únicamente la expropiación directa de una propiedad física perteneciente al inversionista extranjero. Donde la compensación por pérdidas resulte de una guerra, de conflictos civiles, y de emergencias, la compensación debe estar condicionada a la re-inversión en el país anfitrión, y los países anfitriones deben retener el derecho a posponer el pago y establecer prioridades en los gastos de interés público.

Se debe ofrecer flexibilidad a las autoridades gubernamentales de salud pública en el proceso de decisiones regulatorias. El borrador actual del ALCA, así como las regulaciones del TLCAN y la OMC, exigen a los gobiernos demostrar que sus regulaciones son “necesarias”. La interpretación de este lenguaje exige probar que no existen métodos alternativos para cumplir los objetivos dados en salud o seguridad pública excepto a través de la regulación gubernamental disputada. Esta normativa de prueba es excesivamente exigente y pone en riesgo a la salud pública. La carga de los gobiernos no debe ser agravada con la responsabilidad de demostrar que no existe un método menos restrictivo para proteger la salud pública.

Los grupos de discusión sobre controversias comerciales internacionales deben adoptar las guías de cuerpos regulatorios dedicados al desarrollo, promulgación de leyes, y ejecución de las normas de salud pública. Los litigantes que desafían las normas regulatorias deben asumir la carga de prueba y demostrar que la regulación disputada no es necesaria para cumplir las metas especificadas de salud pública. La regulación gubernamental debe prevalecer si es razonable, si su objetivo está dirigido hacia un interés legítimo de estado, y si no es arbitraria o caprichosa.

El proceso de solución de controversias debería ser más transparente y permitir la participación plena de los interesados de la región en cuestión en el proceso de solución. Los interesados incluyen las autoridades locales responsables por la promulgación y ejecución de regulaciones de salud, seguridad y ambiente, y líderes comunitarios que representan a aquellos afectados por la regulación en disputa.

Las negociaciones sobre el comercio de servicios y la designación de cada miembro debe estar abierta al escrutinio público. La sociedad civil debe estar en conocimiento de las exigencias requeridas de los sectores de servicio para proteger adecuadamente la salud pública. Las naciones miembro y los gobiernos locales deben retener el control sobre el suministro de salud pública, servicios de agua, justicia penal, y servicios sociales. Las naciones deben retener el control de la regulación de la manufactura, suministro, promoción y uso de productos peligrosos y modificar las normas de política de salud según las necesidades de la ciencia y los factores sociales.