Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA |
Público ALCA - COMITÉ DE REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES SOBRE LA
PARTICIPACIÓN DE
Declaración de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las
Migraciones - RROCM - Los miembros de la RROCM, nos congratulamos por el desarrollo de esta VII Conferencia Regional sobre Migración, la cual constituye una manifestación de esfuerzos sostenidos por los gobiernos de la región para profundizar en la comprensión del fenómeno migratorio y el adecuado tratamiento de los migrantes desde una perspectiva regional. Asimismo, manifestamos nuestra complacencia porque a lo largo de este proceso se ha experimentado un crecimiento en el diálogo y la cooperación entre los gobiernos participantes y las organizaciones civiles que trabajamos el tema en los países miembros. Queremos reiterar nuestra convergencia con los dos ejes temáticos que han prevalecido tanto en la agenda de la Conferencia como en su Plan de Acción y nuestra firme creencia que ambos deben continuar rigiendo el foco de nuestra atención compartida. Concretamente nos referimos, por una parte, a las acciones en materia de protección de los derechos humanos de los migrantes y sus familias y, por la otra, a las vinculaciones entre la migración y el desarrollo en su sentido amplio, en tanto vía para la consecución de mejores condiciones de vida de nuestros pueblos. No obstante, tenemos la convicción de que ambos ejes están estrechamente vinculados y que el ejercicio pleno de los derechos humanos es una condición básica para el goce de los derechos al desarrollo incluyente. Por lo mismo, deseamos expresar nuestra preocupación porque tanto la Agenda como el Plan de Acción de la CRM mantengan el énfasis sobre la naturaleza, características, determinantes y consecuencias de los procesos migratorios. Exhortamos a los gobiernos participantes en la Conferencia a abordar el tema migratorio desde una perspectiva amplia e integral, pero sin perder el rumbo al subordinar sus prioridades a favor de temas propios de otras agendas de políticas públicas, como es el caso de la seguridad nacional, de la lucha contra el terrorismo, el combate al narcotráfico, entre otros. Un riesgo inherente a la inclusión del tema migratorio en esas agendas es la exacerbación de actitudes y posiciones xenófobas, discriminatorias y racistas, amén de que propicia la criminalización del fenómeno migratorio. Queremos manifestar nuestro acuerdo con lo expresado por el Sr. Ministro de Gobernación de Guatemala en su discurso de apertura de la Conferencia, quien subrayó que “...Ningún país puede enfrentar esa agenda (migratoria) solo, ni por su propia cuenta.” Asimismo, reconocemos la importancia de los enfoques regionales de responsabilidad compartida a que aludió el citado funcionario, pero también la necesidad del fortalecimiento de las instituciones del Estado, en lo que apreciamos como el necesario cumplimiento de sus responsabilidades y sobre todo a la luz de procesos de reforma de los Estados impulsados en los países de la región. Dichos procesos debieran promover la deseable convergencia entre las políticas y funciones de las Cancillerías y las instituciones responsables del control y administración de los movimientos migratorios. También es digno de mencionar el esfuerzo de algunos países por establecer la coordinación interinstitucional para el desarrollo de programas sectoriales enfocados a poblaciones migrantes, como es el caso de algunas actividades de atención en salud y cobertura en seguridad social. En ese marco, reiteramos que la sociedad civil organizada juega un papel coadyuvante en todos los procesos de gestión de las políticas públicas. En materia de protección, presentamos al Grupo Regional de Consulta un informe sucinto del estado de avance de la iniciativa de la Red para que los gobiernos acuerden los “Lineamientos Regionales para la protección de los derechos humanos de los migrantes en situaciones de intercepción, detención, deportación y recepción”. Queremos reiterar nuestro reconocimiento por la colaboración y propuestas recibidas de un número significativo de gobiernos y también de algunos organismos internacionales. Tal como lo expresamos, estos aportes, más los que se reciban en el plazo indicado el día de ayer (o sea hasta el 1 de agosto de 2002), permitirán formular una versión de consenso, la cual esperamos pueda ser materia de acuerdo generalizado en la próxima Conferencia. Es conveniente subrayar que la versión preliminar ha sido ya un valioso instrumento de referencia para ejercicios de monitoreo desarrollados por miembros de la Red en la mayoría de los países de la región. En tal virtud y con el propósito de avanzar en la concreción de nuestra iniciativa, solicitamos a los gobiernos: 1. Que aquellos que lo han hecho, continúen facilitando el acceso a la información y a otros recursos, así como a sus instalaciones para apoyar el trabajo de investigación y monitoreo impulsado por la RROCM. 2. Que los gobiernos que aún no lo han hecho, se incorporen al proceso de apoyo y facilitación de las tareas que permitan llevar a término el proceso de acuerdo sobre los Lineamientos. 3. Que todos los gobiernos participen de manera amplia y decidida en la revisión de la versión de consenso de esta iniciativa a fin de que se presente en la VIII CRM para su acuerdo. La Red Regional reconoce los esfuerzos de algunos gobiernos de la región (República Dominicana y Honduras) destinados a reformar sus legislaciones migratorias, adecuarlas a la complejidad de los procesos migratorios y hacer de ellas mejores instrumentos de protección de los derechos de los migrantes, en la medida en que tienden a respetar la garantía del debido proceso y establecen mecanismos para la regularización de la situación de los migrantes indocumentados. Exhortamos también a otros gobiernos de la región inmersos en procesos más limitados de reforma de su legislación migratoria, como El Salvador y Nicaragua, a que rescaten los criterios esenciales de las propuestas de los gobiernos arriba citados. No obstante, nos preocupa la creciente militarización en el tratamiento de los procesos migratorios en la región y muy particularmente el rol preponderante de los ejércitos nacionales y otros cuerpos de seguridad en las situación es de intercepción, detención, deportación y recepción de migrantes. Es claro que dicha situación constituye una práctica violatoria de preceptos legales y además supone el involucramiento de personas en funciones para las cuales no han sido previamente capacitados ni entrenados. El predominio de los criterios de seguridad nacional sobre otras consideraciones socioeconómicas y políticas conducen irrevocablemente a la negación de los derechos fundamentales de los migrantes. Además, dichas prácticas favorecen la noción de que la migración, en tanto medio para la búsqueda de oportunidades de vida y de trabajo, debe ser penalizada. Con respecto a la relación entre la migración y el desarrollo el Plan de Acción contiene actividades encaminadas a analizar el papel, los volúmenes, las dificultades y las potencialidades derivadas de la generación, el uso y el propósito de las remesas que envían los trabajadores migratorios desde sus lugares de inserción hacia sus países de origen. Estamos convencidos de que este abordaje es limitado, en tanto que la dimensión del desarrollo se extiende más allá del manejo de los recursos económicos derivados de la migración. Es necesario ampliar el debate sobre el complejo concepto de desarrollo, el cual requiere considerar dimensiones no sólo de orden económico, sino también social, cultural, político, étnico y demográfico. A la vez, vemos con preocupación la emergencia de iniciativas regionales en materia de integración económica, las cuales necesariamente tienen un impacto sobre la movilidad de la población, en la medida en que se trata de procesos que es preciso anticipar y atender adecuadamente. Las experiencias en materia de integración regional, como es el caso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), muestran que la movilidad de bienes y capitales ocurre de manera estrechamente relacionada con la de la población, especialmente de aquella involucrada directamente en los mercados laborales derivados de esos procesos. Ante esa situación exhortamos a los gobiernos de los países de la región que han suscrito acuerdos similares o que consideran la promoción de otras iniciativas semejantes, que incluyan una consideración expresa sobre el tema migratorio dentro de los procesos y mecanismos de negociación, así como también en la provisión de instituciones específicas para la resolución de conflictos laborales que atenten contra los derechos de los trabajadores migratorios. En ese contexto, resulta pertinente recordar nuestro interés reiterado porque los gobiernos de la región ratifiquen la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, no sólo como un requisito formal para la entrada en vigor de dicho instrumento, sino sobre todo, como un compromiso efectivo con los principios de la Convención y de esta Conferencia. La Red Regional insta a los gobiernos de la Conferencia a profundizar en la búsqueda de respuestas efectivas al fenómeno de la migración Sur-Sur. Entendemos dicho proceso como aquél que involucra grupos poblacionales como: i) aquellos que tienen como destino los países centroamericanos y del Caribe; ii) los que tienen como destino el Norte, pero por diversas razones se quedan en los países centroamericanos y en El Caribe; iii) los trabajadores y trabajadoras temporales que laboran en plantaciones agrícolas o en complejos agroindustriales en zonas fronterizas; y iv) los y las solicitantes de refugio y poblaciones refugiadas necesitados de protección. Urge activar la capacidad de los gobiernos a fin de crear alternativas flexibles de regularización de estas poblaciones, en tanto factor importante para el desarrollo de los países que reciben remesas de esos trabajadores migratorios, como también de las naciones que utilizan su mano de obra. Exhortamos a los gobiernos miembros de la Conferencia a reafirmar los compromisos asumidos en materia de protección internacional para solicitantes de asilo y refugio. En ese sentido, es importante destacar los nuevos retos que en materia de protección se presentan para los gobiernos de la región. Nos referimos particularmente a ciudadanos y ciudadanas de origen haitiano, colombiano y cubano que en número creciente llegan a las fronteras de nuestros países en búsqueda de garantías para su vida, libertad y seguridad en los países de acogida. Las consideraciones en materia de protección de estas personas no pueden ser disminuidas por la adopción de legislaciones centradas en la lucha contra el terrorismo. Reconocemos las legítimas preocupaciones en materia de seguridad, pero nos preocupa que se menoscaben los estándares internacionales alcanzados en materia de protección para personas legítimamente necesitadas de salvaguarda. En materia de refugiados, también hacemos un llamado a todos los países miembros de la Conferencia, pero muy especialmente a Estados Unidos y Canadá para que faciliten el acceso de solicitantes de asilo a las instituciones de protección y promuevan programas de reasentamiento para refugiados que se encuentren en condiciones de alta vulnerabilidad. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso para seguir
abordando en forma convergente la búsqueda de enfoques y soluciones para
atender de mejor manera y en el marco de la autodeterminación, la
situación de los migrantes en la región. En la medida en que se cumpla ese
objetivo estaremos contribuyendo a elevar las condiciones de vida de
nuestros pueblos. |
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