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Público
FTAA.soc/civ/125
2 de marzo de 2004

Original: español
 

ALCA - COMITE DE REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES SOBRE LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL

APORTE EN RESPUESTA A LA INVITACION PUBLICA Y CONTINUA


Nombre(s) Norma Castañeda Bustamante
Organización(s) DECA, Equipo Pueblo
País MEXICO

ENTIDADES DEL ALCA (Favor indicar la(s) entidad(es) del ALCA a que corresponde el aporte)

Grupo de Negociación sobre Agricultura   Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Participación de la Sociedad Civil X
Grupo de Negociación sobre Política de Competencia   Grupo Consultivo sobre Economías más Pequeñas  
Grupo de Negociación sobre Solución de Controversias   Comité Técnico de Asuntos Institucionales (aspectos generales e institucionales del Acuerdo del ALCA)  
Grupo de Negociación sobre Compras del Sector Público   Proceso del ALCA (seleccionar si el aporte es relevante a todas las entidades)  
Grupo de Negociación sobre Derechos de Propiedad Intelectual      
Grupo de Negociación sobre Inversión      
Grupo de Negociación sobre Acceso a Mercados    
Grupo de Negociación sobre Servicios    
Grupo de Negociación sobre Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios    

Mecanismos de Consulta en los procesos de Libre Mercado en México

Norma Castañeda Bustamante
Equipo Pueblo
Febrero 4, 2004

Antes que nada trataré de hacer un recuento de la participación de la sociedad civil mexicana en los procesos de integración económica en nuestro país, para ello debo comentar que México cuenta con 11 Tratados de Libre Comercio con 32 países de tres continentes y 19 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APRI´s). Entre todos ellos destacan dos, obviamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México, mejor conocido como el Acuerdo Global.

Los procesos de ajuste económico emprendidos a partir de 1982, caracterizados por la modernización de la administración pública y la inserción en 1986 de México al Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, hoy OMC), fueron plataforma de despegue para orientar a nuestro país al libre mercado; ya en 1988 Carlos Salinas de Gortari asume la presidencia de la República con el firme proyecto de consolidar la apertura comercial, fue entonces la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) al mando de Jaime Serra Puche, la encargada de hacer un llamado a las grandes Cámaras de la industria mexicana para comenzar a preparar el terreno de apoyo y consenso ante la firma del TLCAN.

A partir de ese llamado se estableció la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Externo (COECE), con la participación de la mayor parte de las cámaras de comercio que aglutinaban a diferentes sectores de la industria nacional a excepción de las micro, pequeñas y medianas empresas; en 1990 a instancias del Senado la COECE adquiere el carácter de Consejo Asesor del TLCAN, con la modalidad de que ahora se incorporarían rectores de las principales universidades, líderes de la CTM y de la CNC, funcionarios de la SECOFI y legisladores, no se incluyó desde luego a las organizaciones ciudadanas y a los académicos que habían manifestado puntos divergentes a las negociaciones.

Las negociaciones se llevaban a cabo en Washington, operando también un mecanismo denominado “Cámara de al lado” que consistió en que mientras se llevaban a cabo las reuniones entre los equipos negociadores de los tres países, los empresarios se encontraban reunidos para ser consultados por los funcionarios en un cuarto adjunto. También la sociedad civil divergente logró tener una oficina en Washington, y participó en varias reuniones de redes ciudadanas internacionales paralelas a las reuniones oficiales. Indudablemente con mucho menos recursos con los que contaba el sector empresarial; curiosamente los grupos que manifestaron su descontento en la falta de transparencia de las negociaciones y en la forma en la que se estaba negociando el Tratado tuvieron un reconocimiento por parte de los gobiernos estadounidense y canadiense que no fue convalidado por el gobierno mexicano.

Desde organizaciones como la Asociación Nacional de la Industria de la Transformación, de la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio, el Frente Auténtico del Trabajo y DECA Equipo Pueblo, así como otros grupos ambientalistas y coaliciones de sindicatos de los tres países, llevaron a cabo intensos procesos de cabildeo pero básicamente con los negociadores de EEUU y Canadá, logrando la inclusión de una cláusula laboral y una ambiental, bajo la forma de acuerdos de cooperación paralelos, cuyo funcionamiento es cuestionado ya que las denuncias por violaciones laborales y ambientales que se han presentado no han procedido en su mayoría por la inoperancia y alcances limitados de los referidos acuerdos paralelos.

En el caso de las negociaciones con la Unión Europea para la firma del Acuerdo Global (1ro de Oct. 2000), los procesos de consulta desde México fueron similares, el cabildeo desde la sociedad civil fue intenso con la ventaja del interés mostrado por la Comisión Europea y varios parlamentarios de la Unión al escuchar lo que decía al respecto la sociedad civil mexicana, así la ratificación del tratado estuvo condicionada por el Parlamento Alemán y el Italiano al cumplimiento de los Derechos Humanos integrales por parte del gobierno mexicano, específicamente por el caso Chiapas; además, de la exigencia realizada sobre la necesidad de tener evidencias claras en avances sobre democracia, lo que en parte explica la llamada transición democrática en México.

Sin embargo, la respuesta por parte de las autoridades mexicanas ante las propuestas y demandas de la sociedad civil ha sido: ni vernos ni escucharnos. Por ejemplo, el 26 de noviembre del 2002 se celebró en Bruselas, Bélgica, el I Foro de Diálogo Social México-UE en el marco del Acuerdo Global; en ese marco, las organizaciones mexicanas y europeas diseñamos una propuesta metodológica para el evento, misma que no fue aceptada ni por el gobierno mexicano ni por la UE, reduciendo el foro a sólo un día, tiempo insuficiente para el debate. A pesar de la imposición, decidimos participar con el objetivo de plantear a los gobiernos nuestras propuestas a través de las cuales demandamos contar con mecanismos de participación de la sociedad civil organizada para que se evalúen y monitoréen los impactos del Acuerdo, también buscamos incidir efectivamente, sin éxito, en la formulación de políticas públicas que favorezcan la aplicación positiva de la cláusula democrática del Acuerdo y en particular el respeto a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, así como los Derechos Civiles y Políticos en ambas regiones.

Recapitulando diríamos que la receptividad y voluntad de la Comunidad Europea al final ha sido mayor que la del gobierno mexicano, con la primera hemos discutido las propuestas presentadas en el foro pero esto no quiere decir que exista una voluntad plena por parte de la UE para hacer efectivas éstas; con nuestras autoridades ni siquiera hemos tenido una respuesta ni a favor ni en contra.

Como podemos ver, el proceso de transparencia en las negociaciones de los acuerdos comerciales en nuestro país ha avanzado poco, en el caso de las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas la mayoría de los 34 gobiernos que lo negocian sólo han hecho públicas las declaraciones ministeriales, que no dejan de ser declaraciones y los borradores del ALCA. Estos últimos, por cierto, como consecuencia de la filtración lograda de ellos y los apremios de que las organizaciones sociales de América hemos realizado, borradores, por cierto, que están encorchetados y no permiten identificar cuál es la postura de negociación de cada gobierno en los diferentes capítulos que lo conforman.

Es claro que si no hay una entrega oportuna en tiempo y forma de la información de lo que los gobiernos nacionales están negociando en torno al ALCA, no puede haber una discusión a fondo ni consulta a la sociedad civil; el proceso de negociación está sumamente avanzado, las ofertas por ejemplo en cuanto a servicios y agricultura ya fueron presentadas y están en su fase de discusión, hechos que se convierten en indicadores de que no tienen interés de atender las justas demandas de la sociedad civil.

La sociedad civil mexicana en el ALCA

La interacción entre gobierno y sociedad civil en el proceso de negociación del ALCA ha sido más de obscuros que de claros y sin resultados favorables, específicamente nuestro interlocutor ha sido la Secretaría de Economía, quien es la que lleva la negociación con los 33 países restantes, y se muestra sumamente desinteresada en involucrar a la sociedad civil, desoyendo compromisos, acuerdos y mandatos suscritos en el contexto del sistema interamericano, en materia de democracia y transparencia.

Preocupados por ello, la sociedad civil organizada ha mantenido contacto permanente con la Secretaría, pero de ninguna manera debe considerarse que dicha Secretaría consulta a la sociedad civil organizada, pues el acercamiento fue provocado por las organizaciones que conformamos el Comité Mexicano de la Campaña Continental contra el ALCA para exigir que se nos informara cuál a sido la postura del gobierno en esta negociación.

Dicha exigencia la formulamos a través de un cuestionario que le entregamos a los funcionarios, con preguntas específicas sobre las negociaciones en curso, algunos de los cuestionamientos tenían que ver con las ofertas mexicanas en el sector agropecuario y en el de servicios, además, buscábamos que se nos informara cuáles organizaciones de productores o campesinos se consultaron para presentar dichas ofertas.

Hasta el momento no nos han podido responder, por el contrario, hay una negación categórica para decir qué están negociando, en las reuniones sostenidas sólo se han dedicado a presentar gráficas que desde su muy particular punto de vista demuestran los éxitos del libre comercio, sus argumentos para defender el ALCA es que “gracias a la apertura comercial” hay un aumento importante de las exportaciones y del Inversión Extranjera Directa (IED), sin embargo las estadísticas incluso las oficiales demuestran que la situación del país es otra y que durante más de 10 años de vigencia del TLCAN, el crecimiento de la economía no ha sido el esperado, posiblemente algunos pequeños grupos de empresarios han visto beneficios, pero solo ellos lo han visto, son los que generalmente vemos muy cercanos a los negociadores de la Secretaría de Economía.

Evento que no es casual, ya que les hemos escuchado decir que los negociadores del gobierno no tienen la suficiente información de los “bienes e intereses” que están negociando, por eso los empresarios están con ellos; y en un alarde de exceso además señalan que ejercen la “representación social”, sin tener calidad moral y menos aun formal para ello.

Con diversas reacciones el gobierno de México ha dejado claro que no está dispuesto a discutir la orientación del ALCA ni dispuesto a modificar lo sustancial a pesar de las propuestas que como sociedad civil hemisférica se han presentado. El año pasado, luego del evento realizado con organizaciones civiles en este mismo Estado, se reunió el Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA en San Salvador, y trascendió que la posición de los negociadores de México fue de no dar participación a las organizaciones de la sociedad civil.

El balance es que por el momento a las autoridades no les interesa mantener una política de información ni implementar nuevos mecanismos de participación que involucren a la sociedad civil y sobre todo que tomen en cuenta las opiniones, demandas y alternativas de los grupos que se han visto ya afectados con otros procesos de liberalización comercial.

Es evidente que la negociación comercial es ya un proceso maduro y avanzado entre los países y aunque últimamente se han implementado Foros de Consulta a la sociedad civil por parte del Comité Oficial de Representantes no Gubernamentales, no se ve claro en qué pueda esto modificar de manera sustancial el documento, además son foros que no cuentan con la representatividad de las organizaciones, en abril del año pasado me tocó participar en el evento similar ya referido en la UDLA, ahí dije que no veía ni a los sindicatos, ni a las organizaciones campesinas, ni a las mujeres así como a otros sectores que deberían de estar, hoy es igual. Hay que entender que la sociedad civil no sólo son los empresarios, no sólo son los académicos seleccionados, somos muchos más.

El gran mecanismo de consulta por parte de los gobiernos y del órgano oficial del ALCA es el envío de propuestas por correo electrónico, pero pensar que una comunidad asilada en el norte o sur del país puede acceder a este tipo de consulta es una burla.

Hay que destacar que desde 1992, año en que se firmó el TLC con Chile a la fecha, los mecanismos instrumentados han sido poco fundamentados en las demandas y necesidades más sentidas de la población, incrementando con ello la falta de credibilidad en las instituciones políticas del Estado.

En función de una gobernabilidad democrática, es necesario que la legitimidad en los procesos de globalización de la economía y el mercado, y por lo tanto de la sociedad y la cultura, sea recuperada por las instituciones políticas que se encuentran al frente de la toma de decisiones, y con mayor urgencia se necesita involucrar a todos los sectores de la población en la creación de mecanismos de participación. La cultura democrática en el país se encuentra en un proceso de consolidación al que debemos apelar todos los actores, tanto gobernantes como gobernados; la cultura democrática implica no sólo exigir transparencia sino vivirla, implica además crear procesos de consenso reales entre todos los sectores, reconocer el derecho de todo ciudadano a incidir plenamente y en todo momento en las decisiones y actos de gobierno que nos afectan, derecho por cierto establecido tras la suscripción de la Carta Democrática Interamericana en septiembre de 2001.

Cabe destacar que la estricta observancia de esta Carta ha sido aludida en casi todas las declaraciones emitidas en las distintas conferencias, cumbres y demás reuniones realizadas en el contexto de la Cumbre de las Américas, incluido en las relacionadas con el tema del comercio dentro del cual se discute el ALCA.

De ninguna manera la denominada sociedad civil se opone a los procesos de globalización, somos parte de ellos. No queremos regresar al modelo de desarrollo anterior, tampoco es un referente, pero menos aun queremos este nuevo modelo en donde se están excluyendo las demandas y la voz de la sociedad, y la apertura comercial no ha actuado de manera positiva para la población, por el contrario, esto ha impactado de manera negativa en varios aspectos, por ejemplo en el ámbito laboral es evidente un incremento del subempleo, del empleo informal y de la privatización de los beneficios de la seguridad social, aunado al exceso de considerar a los bajos salarios como ventaja competitiva; a 10 años de la firma del TLCAN no ha habido un despunte del agro mexicano, si bien la IED y las exportaciones al principio mostraron una tendencia positiva hoy están a la baja, y ejemplos hay muchos.

Dónde están las ventajas que México iba a obtener con el TLCAN, por el contrario nos están llevando a un modelo de globalización en donde ahora el ciudadano ya no es la persona común y corriente, ya no somos nosotros sino como diría el economista Jeff Faux ahora el ciudadano es el inversionista corporativo multinacional, es éste el que ahora tiene derechos, beneficios, garantías y protección por parte del Estado, los demás, en la lógica del TLCAN y de la propuesta para el ALCA y en la OMC, solo tenemos la obligación de hacer lo que aquellos inversionistas nos impongan.

Menos para bien y más para mal tenemos el referente del TLCAN, usemos sus resultados para realizar un tipo de negociación diferente en el ALCA, que sea un ALCA que refleje la protección de los derechos laborales, sociales, económicos, políticos, civiles, culturales y ambientales de los verdaderos ciudadanos.

Sin embargo no hay la voluntad para hacerlo, sobretodo cuando nos manejan el discurso de que el ALCA debe ser considerado como una estrategia integral de desarrollo latinoamericano, el ALCA tal como está, es sólo un acuerdo comercial erróneamente llamado “libre” porque en realidad es regulado a favor de los inversionistas exclusivamente, erigiéndose en un puente jurídico de normatividad de inversiones en donde se da preferencia a los grandes capitales, y en donde nuestras propuestas de lograr un comercio justo y un desarrollo sustentable no tienen cabida.

Nosotros hemos presentado otra alternativa para entrar a los procesos de integración comercial hacía un comercio realmente justo, hemos propuesto y demandado mecanismos de participación democrática en estas negociaciones, sin embargo se no ha tachado de revoltosos, nos dicen globalifóbicos y que sólo sabemos estar protestando en las calles.

Y efectivamente también estamos en la calle y en foros alternativos simple y sencillamente porque no nos sentimos reflejados en este modelo de globalización, porque sentimos que nuestras propuestas no han incidido en las nuevas negociaciones comerciales.

Y en la medida de que el diálogo con el gobierno sea un diálogo de sordos y que no exista una voluntad real de hacer democráticas y transparentes las negociaciones del ALCA, seguiremos en la calle con la protesta pero también con la propuesta.

 
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