Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA

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Público
FTAA.soc/civ/94
3 de junio de 2003

Original: inglés
Traducción: Secretaría ALCA

ALCA - COMITÉ DE REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE
LA SOCIEDAD CIVIL

APORTE EN RESPUESTA A LA INVITACION PUBLICA Y CONTINUA


Nombre(s): Thea Lee and William J. Klinefelter
Organización(es): American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO)
United Steelworkers of America (USWA)
País: Estados Unidos

Comentarios de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations
(Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales)
y de United Steelworkers of America (Trabajadores Siderúrgicos Unidos de Estados Unidos)
al Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Participación de la Sociedad Civil
del Área de Libre Comercio de las Américas

1 de mayo de 2003

La AFL-CIO agradece esta oportunidad para expresar sus puntos de vista con respecto a las negociaciones sobre el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) al Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Participación de la Sociedad Civil (SOC). La AFL-CIO es una federación que agrupa a más de sesenta sindicatos, y que representa a 13 millones de hombres y mujeres trabajadores en Estados Unidos.

La AFL-CIO considera que la ampliación del comercio y las inversiones puede brindar oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las Américas sólo si viene acompañada de reglas que ayuden a asegurar que el crecimiento será estable y sostenible, que los beneficios del crecimiento serán compartidos, y que todo ello contribuirá a la cohesión social y al desarrollo humano, en lugar de ir en su detrimento. En los últimos veinte años, muchos países de América Latina han adoptado políticas de liberalización de los mercados. Sin embargo, estas políticas no han logrado producir el crecimiento compartido, sostenible y democrático que requiere la región. La desigualdad se mantuvo o incluso aumentó en cada uno de los países de América Latina en los años noventa. Durante ese mismo período, la pobreza aumentó en El Salvador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela. El desempleo y el empleo informal continúan teniendo un nivel inaceptablemente elevado, mientras que las crisis financieras han generado desocupación, llevado a familias a la pobreza y provocado que economías enteras queden sumidas en una grave recesión. Finalmente, la región continúa signada por una serie de atroces violaciones de los derechos de los trabajadores, entre ellos el abuso del trabajo infantil, la discriminación de género, la represión de la organización de sindicatos independientes y los asesinatos de líderes sindicales. El ALCA debe tener políticas específicamente diseñadas para enfrentar estos desafíos. Si se repiten simplemente las disposiciones de acuerdos anteriores como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN), se estaría siguiendo una receta destinada al fracaso.

Desde 1995, la AFL-CIO ha venido reuniéndose periódicamente con la Organización Regional Interamericana de Trabajadores -Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (ORIT-CIOSL) para compartir una posición sindical común con relación al ALCA. Desde 1997, la AFL-CIO también ha participado en una amplia red de grupos de ciudadanos del hemisferio llamada Alianza Social Continental. La Alianza está formada por sindicatos, grupos femeninos, agricultores, campesinos, ambientalistas, activistas de los derechos humanos y muchas otras organizaciones que no desean ver que el TLCAN se amplíe de forma indiscriminada en todo el hemisferio. La Alianza ha desarrollado un conjunto de opciones frente al ALCA que ofrecen garantías a favor de los derechos de los trabajadores y el ambiente, preserven la capacidad de los gobiernos para reglamentar en aras del interés público y promueven un desarrollo económico más amplio.

Estas propuestas, conjuntamente con otras de la sociedad civil, han sido presentadas a los negociadores del ALCA durante todo el proceso del ALCA. La AFL-CIO ha remitido comentarios al SOC en dos oportunidades y ha presentado periódicamente propuestas a los negociadores estadounidenses. Lamentablemente, ni una sola de esas recomendaciones aparece en el actual borrador de texto del ALCA.

Creemos que el ALCA debe incorporar:

derechos laborales y normas ambientales de cumplimiento obligatorio entre sus contenidos esenciales;

medidas para garantizar que los países preserven la capacidad de reglamentar el flujo de capital especulativo con el fin de proteger sus economías de la excesiva volatilidad;

medidas para aliviar la carga de la deuda que mejoren la capacidad de los países en desarrollo de financiar sus necesidades en materia de educación, salud e infraestructura, contribuyendo con ello a cerrar la brecha entre las naciones ricas y pobres y a reducir la desigualdad en las propias naciones;

reglas de acceso a mercados equitativas y transparentes que permitan la protección efectiva contra los incrementos repentinos en las importaciones, el dumping, y los subsidios al comercio desleales; y

un proceso transparente, inclusivo y democrático, tanto en las negociaciones del ALCA como en su implementación en definitiva.

Por otra parte, las negociaciones del ALCA sobre inversión, servicios, compras del sector público y propiedad intelectual no deben afectar la capacidad de los gobiernos para promulgar y hacer cumplir reglamentos legítimos en aras del interés público:

investment rules should not discipline so-called indirect expropriations, should rely on los mecanismos de solución de controversias de gobierno a gobierno más que de los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y el Estado, y deberían contener un programa alternativo amplio (“carve-out”) que permita que los gobiernos reglamenten la conducta corporativa para proteger los intereses económicos, sociales, sanitarios y en materia de seguridad de sus ciudadanos;

las reglas sobre servicios deben negociarse sector por sector; no deben aplicarse a los servicios públicos ni deben incluir compromisos sobre visas de trabajo temporales hasta tanto se estudien dichos programas de otorgamiento de visas, con el objeto de proteger los derechos de todos los trabajadores;

las reglas sobre compras del sector público deberían permitir que hubiera preferencias a nivel federal, estatal y local para que prosiguieran las compras nacionales y deberían dar a los gobiernos la capacidad de atender los objetivos importantes de las políticas públicas, tales como el respeto de los derechos humanos y de los trabajadores, la protección ambiental, el desarrollo económico y la justicia social; y

las disposiciones sobre derechos de propiedad intelectual deberían permitir que los gobiernos limitaran la protección de las patentes con miras a proteger la salud y seguridad de la población, sobre todo en lo que atañe a medicamentos que permiten salvar vidas y formas de vida.

Estos temas son abordados a continuación:

Derechos de los trabajadores: Las reglas del ALCA que rigen el comercio y las inversiones internacionales afectarán las condiciones de vida y las comunidades de trabajadores de todo el hemisferio. Como señala la Declaración Ministerial de San José: “la negociación del ALCA tomará en cuenta la amplia agenda social y económica contenida en la Declaración de Principios y en el Plan de Acción de la Cumbre de las Américas de Miami, con miras a contribuir a elevar los niveles de vida, a mejorar las condiciones laborales de todos los pueblos de las Américas y a proteger mejor el medio ambiente”(subrayado nuestro). Este objetivo debería ser un elemento fundamental de las negociaciones del ALCA.

Lamentablemente, la AFL-CIO considera que hay pocos indicios de que el proceso del ALCA haya cumplido este mandato. No hay un capítulo sobre temas laborales en el borrador de texto del ALCA. En el proceso de negociación del ALCA, no se ha creado ningún grupo de negociación ni un grupo de estudio sobre asuntos laborales y ni siquiera se ha producido una discusión oficial sobre ese tema. Sólo una disposición relativa a temas laborales ha sido propuesta en el ALCA, y esta disposición no tendría un carácter vinculante.1 A menos que el ALCA incluya protecciones de cumplimiento obligatorio para los derechos fundamentales de los trabajadores, es probable que con el ALCA veamos, en todo el hemisferio, el mismo tipo de pérdidas de puestos de trabajos, depresión salarial y violaciones de los derechos de los trabajadores que han caracterizado al TLCAN.

El TLCAN no ha elevado las condiciones de vida ni ha mejorado las condiciones laborales en Estados Unidos, México y Canadá, como prometieron sus promotores. El comercio entre los países del TLCAN creció considerablemente en los últimos nueve años. Sin embargo, este crecimiento ha sido muy desequilibrado ya que los beneficios han favorecido de forma desproporcionada a las corporaciones multinacionales, con frecuencia a expensas de los trabajadores, los productores que practican la agricultura familiar, las comunidades y el ambiente en los tres países signatarios del TLCAN. Los trabajadores estadounidenses perdieron cientos de miles de buenos empleos con el TLCAN. Los salarios canadienses han caído por debajo de los niveles de Estados Unidos y el salario real promedio de los trabajadores mexicanos también ha descendido.

El acuerdo complementario en materia laboral del TLCAN no ha protegido los derechos de los trabajadores. En Canadá, México y Estados Unidos, los derechos fundamentales de los trabajadores continúan siendo infringidos con impunidad. El Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN) tiene poderes de ejecución muy limitados, especialmente cuando se le compara con las disposiciones comerciales del TLCAN. Aunque los casos de ACLAN han llevado a la realización de muchas audiencias e informes sobre asuntos laborales, en la práctica no se han efectuado cambios concretos en las leyes o las prácticas de los países para mejorar los derechos de los trabajadores.

Para promover verdaderamente un crecimiento en el empleo y mejores condiciones laborales, el ALCA debe incluir normas sobre los derechos laborales de cumplimiento obligatorio en la esencia del propio acuerdo. Entre los derechos laborales fundamentales que están reconocidos internacionalmente se incluye la libertad de asociación, el derecho de organizarse y de entablar negociaciones colectivas, una edad mínima para el empleo de los niños, y prohibiciones sobre trabajos forzados y discriminación laboral. El compromiso de observar estos derechos laborales fundamentales, además de un cumplimiento adecuado de las leyes laborales de cada país, debería ser una condición para ingresar al ALCA, por lo que se deben establecer mecanismos de ejecución de las leyes adecuados para asegurar que los países sigan observando las normas laborales fundamentales y hagan cumplir de forma efectiva sus propias leyes laborales. El incumplimiento debe ser corregido, mediante el recurso de retirar los beneficios comerciales en caso de violaciones graves y continuas, como sería el caso si se infringiera cualquier parte del acuerdo.

Leyes antidumping y derechos compensatorios: Es necesario recurrir a leyes antidumping y derechos compensatorios nacionales que sean efectivas y transparentes para garantizar que el comercio internacional sea justo y equilibrado, y para permitir que la industria y los trabajadores nacionales se adapten a la competencia internacional. Los acuerdos comerciales como la Ronda Uruguay, que estableció la OMC, han hecho que EEUU efectúe una serie de cambios para debilitar sus leyes comerciales nacionales y han reducido la capacidad del gobierno de implementar estas leyes. El borrador de texto del ALCA contiene incluso más disposiciones que eliminarían una parte esencial de las leyes comerciales estadounidenses al imponer restricciones estrictas e incluso algunas prohibiciones absolutas sobre las metodologías utilizadas para resolver los casos de antidumping y derechos compensatorios. Estas disposiciones, y cualquier otra disposición que debilite gradualmente las leyes comerciales estadounidenses, son totalmente inaceptables. El ALCA no debe infringir, en modo alguno, los derechos de los países a proteger sus industrias, sus trabajadores y agricultores frente a las prácticas comerciales desleales.

Inversión: El TLCAN le otorga a las corporaciones el derecho de impugnar nuestras leyes en tribunales secretos y exigir compensación de los gobiernos. Las compañías han utilizado el TLCAN para impugnar leyes que protegen el ambiente, la salud pública y los consumidores, alegando que esas leyes afectan sus ganancias. Por ejemplo, cuando un estado mexicano no permitió que la compañía Metalclad Corp. construyera en una reserva ecológica local, Metalclad utilizó el TLCAN para exigir una compensación de USD 16 millones al gobierno mexicano. La empresa tuvo éxito en su demanda. En otro caso, una compañía llamada Methanex está exigiendo al gobierno de Estados Unidos casi mil millones de dólares debido a que el gobierno de California aprobó una ley que prohíbe un aditivo de combustible perjudicial producido por Methanex. El borrador de texto del ALCA contiene lenguaje entre corchetes idéntico a las disposiciones sobre inversión del TLCAN, y el acuerdo ampliaría esos derechos a un grupo aun mayor de inversionistas en todo el hemisferio.

Las reglas sobre inversión del ALCA no deberían otorgar a los inversionistas ningún derecho mayor que los que ya poseen los inversionistas, de conformidad con las leyes de EEUU. El ALCA debería contener un programa alternativo amplio (“carve-out”) que permita que los gobiernos reglamenten la conducta corporativa para proteger los intereses económicos, sociales, sanitarios y en materia de seguridad de sus ciudadanos. El ALCA debería depender de los mecanismos de solución de controversias entre gobierno y gobierno más que de los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y el Estado; por otra parte, todos los mecanismos de solución de controversias deberían ser completamente transparentes y accesibles a los miembros interesados del público.

Servicios: El TLCAN restringe la capacidad que tienen los gobiernos para reglamentar los servicios, incluso los servicios públicos. De producirse una presión cada vez mayor para liberalizar y privatizar los servicios se podría elevar el costo y reducir la calidad de servicios básicos tales como la salud y la educación. Un panel de resolución de controversias del TLCAN decidió que Estados Unidos tendrá que permitir que compañías mexicanas de transporte de carga ofrezcan sus servicios en todo el territorio estadounidense, a pesar de que no cuentan con suficientes inspectores para asegurar que todos estos vehículos de carga cumplen con las normas de seguridad y laborales de EEUU. Enron está utilizando un acuerdo de inversión con reglas similares a las que se encuentran en el TLCAN para exigir compensación de Argentina porque un contrato de concesión del servicio de agua presentó una serie de problemas. El gobierno argentino volvió a asumir el control del sistema de agua local cuando las tarifas de la empresa, que estaba en manos de Enron, se elevaron a las nubes, comenzó a salir agua sucia de los grifos y se suspendió el servicio. Enron está objetando el derecho que tiene el gobierno de volver a asumir el control del sistema de agua, de conformidad con el acuerdo de inversión.

El ALCA no debería restringir la capacidad que tienen los gobiernos de reglamentar los servicios y proteger y promover los servicios públicos. Las reglas de servicios deberían ser negociadas sector por sector y el ALCA debería contener un programa alternativo amplio (“carve-out”) y explícito para todos los servicios públicos. El ALCA no debería incluir compromisos sobre visas temporales de trabajo hasta tanto se modifiquen dichos programas de visas, con el objeto de proteger los derechos de todos los trabajadores.

Compras del sector público: El TLCAN no permite que los gobiernos incluyan criterios sociales, ambientales o sobre los derechos de los trabajadores en sus decisiones en materia de compras del sector público. Cuando el Presidente Clinton ordenó en 1999 al gobierno federal que dejara de utilizar los dólares de los contribuyentes para comprar productos hechos mediante las peores formas de explotación del trabajo infantil, tuvo que excluir a México y Canadá de esa orden porque estos tipos de protecciones no están permitidos por las reglas del TLCAN. Si estas reglas se amplían a los gobiernos estadales y locales, como se está proponiendo en las negociaciones del ALCA, pudieran impugnarse leyes sobre requisitos de contratación responsable, sobre los acuerdos de negociación colectiva previos a la contratación de personal para un proyecto, y sobre el salario vital. Las reglas sobre compras del sector público del ALCA deberían permitir que hubiera preferencias a nivel federal, estatal y local para que prosiguieran las compras nacionales y deberían dar a los gobiernos la capacidad de cumplir con objetivos importantes de las políticas públicas, tales como la protección ambiental, el desarrollo económico y la justicia social, y el respeto de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores, en sus decisiones en materia de compras.

Desarrollo: El TLCAN no ha creado una economía próspera y eficiente en México. México aún no se ha recuperado plenamente de la crisis del peso en 1995, a pesar del crecimiento del comercio y las inversiones en el marco del TLCAN. Los salarios son más bajos que los que existían antes de que entrara en vigor el TLCAN, mientras que los niveles de pobreza son mayores. La desigualdad regional y económica persisten, y muchos trabajadores de las áreas rurales han emigrado para trabajar en las zonas de maquilas o en Estados Unidos, en donde sus derechos no están plenamente protegidos. Los niveles de contaminación también han crecido en México y la región fronteriza plantea un grave desafío desde el punto de vista ambiental. Si el ALCA no hace algo más para contribuir a que los países traten de lograr un desarrollo sostenible y equitativo, sólo aumentará la inestabilidad y la desigualdad en la región.

El ALCA debería permitir que los países reglamentaran el flujo de capital especulativo con el fin de proteger sus economías de la excesiva volatilidad que provocó las crisis financieras en México y Argentina. Por otra parte, el acuerdo debe abordar la posibilidad de que se produzcan fuertes devaluaciones monetarias, así como el impacto que estas devaluaciones tienen en la libre competencia en el hemisferio. El ALCA debería incluir medidas para aliviar la carga de la deuda que permitirán que los países en desarrollo financien de forma apropiada las necesidades en materia de educación, salud e infraestructura, contribuyendo con ello a cerrar la brecha entre las naciones ricas y pobres, reducir la desigualdad en las propias naciones y disminuir la inestabilidad financiera causada por la creciente carga de la deuda. El ALCA también debe incluir reglas de acceso a mercados equitativas y transparentes que permitan la protección efectiva contra los incrementos repentinos en las importaciones u otras infracciones a las leyes comerciales y debe poner fin a los enormes e injustos subsidios que distorsionan el comercio en la agroindustria. El ALCA también debe incluir protecciones de cumplimiento obligatorio en el campo ambiental.

Transparencia y participación: Los negociadores deberían solicitar comentarios públicos mediante audiencias públicas y no sólo por escrito, a través del SOC. Este formato hará que la interacción entre los grupos de la sociedad civil y los negociadores sea más rápida y positiva, interactiva y satisfactoria que una interacción que se limite a los comentarios por escrito. Aun cuando sólo se presenten comentarios por escrito, el SOC debería ofrecer una respuesta oportuna a los participantes de la sociedad civil, explicándoles si su información ha producido un impacto en el contenido de las negociaciones y cómo ha sido esa repercusión.

Todos los aportes no gubernamentales al proceso del ALCA, incluidos los de la comunidad empresarial, deberían estar sujetos a procedimientos equivalentes. La AFL-CIO rechaza tajantemente que el Foro Empresarial continúe teniendo un acceso privilegiado y superior al proceso de negociación en relación con grupos que representan otros segmentos de la sociedad civil. Reiteramos nuestra solicitud, formulada conjuntamente con la Organización Interamericana de Trabajadores (ORIT-CIOSL), de que los negociadores del ALCA reconozcan oficialmente al Foro de los Trabajadores y que a los aportes del Foro de los Trabajadores se les otorgue el mismo valor y acceso que a los del Foro Empresarial. Tal y como está constituido en la actualidad, el SOC no es una entidad que reemplaza de una forma aceptable el Foro de los Trabajadores.

Los negociadores del ALCA dieron un avance significativo al publicar los borradores de texto del ALCA en la Cumbre de las Américas de Quebec del año 2000 y en la Ministerial de Quito, Ecuador, en el año 2002. Lamentablemente, se pudo haber hecho mucho más para lograr que las negociaciones del ALCA fueran verdaderamente abiertas y transparentes. Los ciudadanos de todos los países tienen derecho a saber no sólo cuáles son los borradores de propuestas del ALCA, sino cuáles son las propuestas que apoyan y rechazan sus gobiernos. Por otra parte, todas las nuevas propuestas de acceso a mercados presentadas este año también deberían publicarse. Una vez que se concierte el acuerdo, las medidas de solución de controversias también deberían estar abiertas al público. Un proceso transparente, inclusivo y democrático, tanto en las negociaciones del ALCA como en su implementación en definitiva, es esencial para garantizar la legitimidad del proceso del ALCA.

Conclusión

El ALCA no debe repetir simplemente las fracasadas políticas comerciales del pasado. Si las negociaciones siguen el actual rumbo, producirán un acuerdo que afectará los derechos de los trabajadores y el ambiente, incrementará la desigualdad en el hemisferio y limitará la capacidad de los gobiernos para elaborar reglamentos que beneficien la salud pública y el ambiente. Un acuerdo de esa naturaleza enfrentará una encarnizada oposición de grupos de muchos países, entre ellos la AFL-CIO.

Es necesario un tipo de acuerdo de integración hemisférica diferente, que apoye los derechos de los trabajadores, proteja el ambiente y estimule un desarrollo equitativo. El movimiento sindical y otros miembros de la sociedad civil han presentado propuestas razonables y coherentes sobre cuál debería ser la forma que debería tener un acuerdo de esa naturaleza. A nuestro juicio, el éxito o fracaso del ALCA dependerá de la voluntad que muestren los negociadores de llevar adelante estas propuestas en el proceso del ALCA.


1 Esta propuesta, que forma parte del borrador de capítulo sobre inversiones, formula un llamado a los países para que se "esfuercen por asegurarse" que las leyes laborales no dejen de aplicarse o se menoscaben de alguna otra manera para fomentar una inversión. Esta propuesta es inaceptablemente débil. Una disposición similar sobre no hacer menos estrictas las normas sobre medio ambiente en el capítulo sobre inversión del TLCAN no tiene carácter vinculante y el único recurso que ofrece es la realización de consultas entre las Partes, en lugar de un procedimiento ordinario sobre solución de controversias.
 

 
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