Las organizaciones y personas abajo firmantes, deseamos apoyar la discusión referente al tema de propiedad intelectual y acceso a medicamentos con las siguientes reflexiones, que sirvan de base para la toma de decisiones equitativas y justas, en la cuales se tengan en cuenta las realidades y necesidades de las poblaciones infectadas y afectadas por el VIH/SIDA y otras epidemias en América Latina y el Caribe.

Los Estados de Latinoamérica y el Caribe han suscrito y ratificado tratados, acuerdos, pactos y declaraciones internacionales donde asumen la obligación de garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas, incluidas las personas que viven con VIH/SIDA. Los gobiernos de estos países firmaron en el año 2001 la Declaración de Compromisos en la lucha contra el VIH/SIDA durante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNGASS), comprometiéndose a cumplir integralmente con las líneas de acción contenidas en el texto de la referida declaración.

En el tema de la propiedad intelectual referida a los medicamentos consideramos que:

1. La investigación científica ha desarrollado medicamentos que han contribuido al mejoramiento de la salud y de la calidad de vida.

2. Somos conocedores de los costos y del tiempo que conllevan los estudios de esta investigación.

3. Entendiendo los intereses del sector comercial para proteger los derechos de propiedad intelectual nos detenemos para resaltar los siguientes elementos que sirvan de base a la discusión:

A) El nivel de ingresos y las economías de los países no son iguales en las diferentes regiones geográficas. Así, se evidencian grandes diferencias entre Canadá y Estados Unidos con respecto al resto de países de Latinoamérica y el Caribe y esta gran diferencia amerita también un trato diferente en la aplicación de las políticas relacionadas al acceso de medicamentos y el efecto sobre los precios.

B) Es indudable que el uso de las patentes en la salud pública es de un significado enorme concediendo a su titular el monopolio. Esto ha sido utilizado indebidamente por las compañías farmacéuticas internacionales para imponer de manera antojadiza los precios sobre los medicamentos esenciales, jugando de esta manera con la vida de millones de personas en todo el mundo. Así se puede ejemplificar con el caso de la Mefloquina (antimalárico) en Tanzania costaba el doble que en Noruega o el Coprofloxacino 100 unidades (BAYER) en Mozabique cuesta 740 dólares y en la India -gracias a la competencia de los genéricos- cuesta quince (15) dólares, encontrándose una diferencia de 49 veces.

C) Los medicamentos antiretrovirales genéricos han logrado la reducción de precios de los producidos por las farmacéuticas de marca. Se logró que de 10.000 dólares año a se pasara a 360 dólares año por persona, con medicamentos genéricos de calidad precalificados por la OMS. Esto indica que con el mismo dinero utilizado para salvar la vida de una persona, ahora se pueden beneficiar 27 más. Una proporción bastante significativa frente a una reducción del sesenta y cuatro por ciento (64%), lo que conlleva mayor accesibilidad de los sistemas de salud y personas que adquieran particularmente los medicamentos.

D) Gracias a las excepciones o salvaguardas de los Acuerdos de Propiedad Intelectual relacionadas con el Comercio –ADPIC- Brasil logró una reducción del 82% en el precio de los ARVs entre 1997 y 2001, evitando 234.000 hospitalizaciones y una economía de 677 millones de dólares, reducción de tasas de mortalidad, reducción de infecciones oportunistas vinculadas al sida (citomegalovirosis, criptococosis y sarcoma de kaposi), y redución en mas de 75% de los casos de tuberculosis.

E) Disminuir y/o establecer barreras sutiles a las excepciones o salvaguardas de los ADPIC, significa afectar la capacidad de respuesta ante las emergencias y crisis sanitarias en los países de Latinoamérica y El Caribe, los cuales se encuentran seriamente afectados por algunas de las enfermedades mas catastróficas, costosas y difíciles de manejar en la actualidad, como el VIH/SIDA, el dengue, la tuberculosis, la leishmanasis, el tracoma o la enfermedad de chagas.

F) Estamos frente a un conflicto de intereses y derechos protegidos: Por una parte los intereses y derechos económicos de las empresas que dedican tiempo, esfuerzo y dinero para la investigación científica y, requieren del monopolio de la patente para resarcir gastos y generar lucro y, por otra parte, el derecho a la salud y a la vida de personas ubicadas en países con pocas posibilidades económicas de satisfacer estas necesidades. Frente a este conflicto de intereses y derechos protegidos, obligatoriamente deben prevalecer el derecho a la salud ya a la vida por encima de cualquier interés comercial.

G) La experiencia nos ha demostrado que las oficinas de patentes de Latinoamérica y el Caribe no tienen capacidad y/o voluntad para corregir las situaciones que ameriten revocar una patente. Es claro que la falta de reacción demuestra que dichos sistemas presentan fallas en su desarrollo, mientras que en Estados Unidos y Europa son relativamente frecuentes las revisiones a las patentes (y su subsiguiente revocación), en los países de Latinoamérica y el Caribe no se realizan. Así se han otorgado y permanecen patentes a medicamentos como el “Combivir” de Glaxo Smith Kline, ha quien no se le ha revocado la patente a pesar de ser evidentemente una yuxtaposición de dos medicamentos previamente patentados, logrando con esto extender los beneficios del monopolio e impidiendo a varios países el acceso a medicamentos genéricos de menor costo.

H) Consideramos que los países de Latinoamérica y el Caribe, no pueden, ni deben firmar ningún tratado comercial que contradiga o imponga límites a los logros alcanzados en la DECLARACIÓN RELATIVA AL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y LA SALUD PÚBLICA proclamada en la Conferencia Ministerial, Cuarto Período de sesiones en Doha, 9 - 14 de noviembre de 2001, “Declaración de Doha”.

I) En el marco del ALCA denunciamos y nos oponemos a la política de minar las capacidades negociadoras de los países de la región mediante acuerdos bilaterales y subregionales previos, en los cuales se violan los derechos humanos de las comunidades al establecer cláusulas ADPIC PLUS con las cuales se imponen serias restricciones a la producción y comercialización de medicamentos genéricos, como es el caso del Acuerdo Comercial entre Chile y los Estados Unidos, el CAFTA y otras negociaciones que se están desarrollando en este momento. En el caso del CAFTA, el cual aún no ha sido ratificado, solicitamos a los gobiernos involucrados no aceptar la imposición de la protección de los datos de prueba por cinco años, pues con esto se estaría condenando a muerte a miles de personas en Centroamérica.

Por todo lo anterior exhortamos a los países por medio del Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Participación de la Sociedad Civil para que en los acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales en los cuales se incluyan asuntos de propiedad intelectual, se tenga en cuenta:

1. La necesidad de no imponer más limites a las excepciones o salvaguardas contenidas los ADPIC. Por el contrario solicitamos la aclaración expresa de que ningún país sufrirá consecuencias u hostigamientos por la utilización de estas salvaguardias para remediar situaciones de urgencia nacional de acuerdo con lo establecido en la Declaración de Doha

2. Que el tema de la salud no puede quedar relegado ante los tratados comerciales y por lo tanto éstos no pueden impedir a los Estados Miembros de cualquier tratado proteger la salud pública, en concordancia con el párrafo cuatro de la Declaración de Doha.

3. Que las organizaciones involucradas en el tema de la salud de los pueblos de Latinoamérica y El Caribe solicitamos la firma de un acta de compromisos por parte de los Estados participantes en el ALCA y en cualquier acuerdo bilateral o subregional, donde se garantice la prevalencia del derecho a la vida y a la salud sobre cualquier derecho comercial.

4. Que en consecuencia con un efectivo espíritu de participación de la sociedad civil los acuerdos comerciales firmados entre Chile y los Estados Unidos, entre Centroamérica y los Estados Unidos y cualquier otro tratado comercial, sean revisados a la luz de los principios de la Declaración de Doha y de las diferentes Declaraciones y Tratados en materia de Derechos Humanos firmadas y ratificadas por los estados participantes en estos convenios.

5. Para la revisión de los tratados comerciales antes mencionados y cualquier otro tratado comercial que amenace o dificulte el acceso a los servicios esenciales de salud, incluido el acceso a medicamentos, proponemos la creación inmediata de un comité bajo la supervisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ente encargado de la salud de los pueblos americanos y con la efectiva participación de las agrupaciones sociales que trabajen en los temas de salud. Este comité deberá tener la potestad de sugerir la revocación de los acuerdos comerciales que limiten o dificulten el efectivo acceso a la salud.