Público
FTAA.soc/civ/121
26 de enero de 2004

Original: español
 

CONCLUSIONES DE LOS SEMINARIOS SOBRE SERVICIOS EN ALCA

Con fecha 23 de septiembre de 2003, el Comité de Representantes Gubernamentales para la Participación de la Sociedad Civil del ALCA y la Dirección General de Relaciones Internacionales ( DIRECON ) de Cancillería, realizó el Seminario ‘ALCA y Servicios’.
Para socializar información, articular criterios y presentar propuestas concretas sobre el tema, el Centro IDEA de la Universidad de Santiago de Chile, USACH; la Coalición por la Diversidad Cultural, la Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable, ACJR, y la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, realizaron el 22 de septiembre un encuentro Preparatorio sobre los temas que se abordarían en el encuentro oficial. Las conclusiones fueron incorporadas en una relatoría, leída y difundida en el Seminario del CRG.
Este encuentro integró también reflexiones y propuestas sobre servicios básicos, no contemplados inicialmente en el encuentro oficial, y que luego fueran integrados en ‘otros temas’.
A partir de las reflexiones de ambos encuentros se construye este documento.¹
Pretende aportar, desde una línea de incidencia y exigibilidad ciudadana, a las próximas citas hemisféricas ( Reuniones oficiales y de la sociedad civil sobre el ALCA en Miami ), y a los distintos sectores nacionales, en la construcción de propuestas, estrategias y alternativas frente a las negociaciones comerciales norte – sur, que ha venido impulsando Chile y la región desde hace más de una década.

El proyecto hemisférico propuesto por Estados Unidos, sobre la creación de una zona de libre comercio continental, ALCA, se enmarca en el escenario de fuerte unipolaridad económica, militar y tecnológica de Estados Unidos. Esta tendencia, si bien se ha venido produciendo desde el fin de la guerra fría, se ha profundizado en la agenda de la administración Bush post 11 de septiembre.

En América latina, en los últimos años, se está viviendo por una parte un proceso tendiente al multilateralismo, que contempla un mayor énfasis en procesos de integración subregional: los intentos de los actuales gobiernos de Argentina y Brasil por fortalecer el MERCOSUR; el rol de ambos países en la última reunión de la OMC ( conformación del G21 ) en cuanto a plantearse articulaciones con países del sur y la opción de negociar por lista positiva (explicitando los temas a negociar ), que han señalado estos países, frente a la negociación por ‘lista negativa’, que implica el negociar todos los productos y áreas que señala la OMC, dan cuenta de esta tendencia.

Por otra parte, desde el sur de las Américas, Chile y otros países (Bolivia, entre ellos) impulsan una estrategia comercial bilateral, para viabilizar el ALCA, a la vez de profundizar la liberalización comercial, superando los obstáculos que se presentan a nivel multilateral. En esa lógica se inscribe el acuerdo de Servicios, que se está negociando en ALCA².

Esta estrategia tiende a profundizar los impactos sociales y ambientales de los procesos de liberalización comercial, caracterizados por un aumento de las asimetrías entre los países, al interior de ellos, con efectos diferenciados en las mujeres; una tendencia a la desregulación de la economía, y una precarización progresiva de las atribuciones del otrora Estado de bienestar.

De ahí que se torna indispensable repensar una estrategia de desarrollo sustentable para la Región, que tenga como centro la Agenda de Desarrollo, planteada por CEPAL y organismos de la ONU como un tema prioritario.

Sobre todo, cuando la reunión ministerial de la OMC, realizada en Cancún, México, a comienzos de septiembre, mostró profundas diferencias entre las propuestas de los países desarrollados y la de los países del Sur. Estos últimos, pese a que no impusieron una propuesta alternativa a la agenda corporativa , salieron fortalecidos al plantear en forma articulada una contrapropuesta al acuerdo de agricultura de los países desarrollados, que significaba profundizar las exigencias de liberalización comercial a los países subdesarrollados, a tiempo de ejercer prácticas proteccionistas en sus estructuras productivas.

Acuerdo de Servicios
Los países que negocian el ALCA se adscriben a un acuerdo ya existente en la OMC: Acuerdo General de Servicios, lo que pone de manifiesto el intento de profundizar los compromisos alcanzados a nivel multilateral, siendo en la práctica el ALCA una ‘OMC plus’.
Un tema crucial en este proceso comercial es el ‘trato nacional’, regulación tendiente a proteger las inversiones extranjeras.
Cabe destacar al respecto, el carácter unidireccional de los flujos de inversión, procedentes de los países desarrollados, que han impuesto procesos en los que los países subdesarrollados han debido abrir sus economías.
Particular importancia ha sido la ‘presencia comercial’ en el sector servicios, ya que ha implicado que bienes públicos como la educación, la salud y la cultura sean servicios comercializables, transgrediendo Derechos Consustanciales del Ser Humano, ratificados por todos los países en la Carta de Naciones Unidas.
En el caso chileno, existen experiencias concretas de los impactos que la presencia comercial han significado en sectores estratégicos, como el financiero, telecomunicaciones, o energético. Entre las repercusiones, se destaca la desregulación, el aumento general de las tarifas a las y los usuarios, y la precarización del empleo a través de la externalización de los servicios.
Estos ejemplos han puesto de manifiesto la carencia de una regulación efectiva por parte del Estado chileno que cautele los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos en los procesos de liberalización comercial.

Por estas razones es que las organizaciones de la sociedad civil participantes en los seminarios sobre Servicios en ALCA señalaron las siguientes demandas:

1. En servicios ( general ):
- realizar una evaluación amplia ( artículo 19 del AGCS/GATS ) que tenga en cuenta los aportes de la sociedad civil.
- formular una cláusula de emergencia ante la irreversibilidad de los compromisos.
- diferenciar claramente lo que son los servicios y lo que son los bienes.
- trato especial y diferenciado para los países subdesarrollados y economías pequeñas.
- ejercer soberanía regulatoria: el ALCA debe resguardar que los gobiernos tengan la capacidad de promulgar reglamentaciones, legislaciones y otras medidas internas para salvaguardar los intereses públicos.
- mantener la contratación pública, frente al proceso de externalización.

1.1. Servicios básicos:
a) En el ámbito de la Educación, a respetar en las negociaciones y considerar la siguiente cláusula:
(1) Excluir -en tanto materia de objeto de negociación comercial internacional- a la educación, y en su caso, de otorgarle un estatus específico regulatorio distinto al régimen general de servicios del presente acuerdo, donde se contemple la observancia de la legislación de derecho internacional de los derechos humanos respecto al derecho de la educación y la facultad de los Estados firmantes de regular y controlar los agentes que imparten educación primaria, secundaria y terciaria, así de apoyar mediante políticas públicas y/o subsidiar la educación nacional. Podrá hacerse extensiva esta cláusula, a la educación de cuarto nivel, técnica y capacitación.
(2) Asimismo, se promoverán políticas educacionales contemplativas de la dimensión de género y el derecho internacional de la mujer y los derechos de las niñas respecto de la educación.
(3) Se contemplará para lo anterior, la creación y apoyo de instancias de participación de la sociedad civil e institucional – gubernamental que trabajen en un monitoreo y seguimiento a la evolución de la cláusula de educación a nivel nacional, regional e internacional.

b.) En el ámbito de la cultura:
(1).- Que en las negociaciones del ALCA se contemple una excepción o amplia reserva presente y futura para las expresiones culturales, como fue el caso en el Acuerdo Chile-Canadá de 1994, que contemple para el conjunto de la creación, producción y distribución cultural, como para el sector de la educación, la inaplicabilidad de las cláusulas de “tratamiento nacional”, “nación más favorecida” y “acceso a mercados”. Que los bienes y servicios culturales sólo sean considerados en ALCA en lo que se refiere a la eliminación de barreras arancelarias.
(2).- Que en las negociaciones del ALCA, al considerar excepciones o reservas de tipo cultural, se incluyan los nuevos soportes de esta producción como el digital, e incluso los bienes y servicios culturales sin soporte físico. En este sentido, solicitamos que la excepción o reserva cultural no se limite al capítulo de servicios sino que abarque también el capítulo de comercio electrónico.
(3).- Que en las negociaciones del ALCA en materia de propiedad intelectual, -como también en relación a los bienes y servicios culturales- se tenga una participación efectiva de la sociedad civil involucrada en la materia, buscando que estas regulaciones sean a favor de los creadores y del desarrollo humano y democrático del país. Queremos que se recoja el espíritu que generó las regulaciones a nivel de derechos de propiedad intelectual, bajo los principios de los derechos humanos y del acceso universal a las obras artísticas, impidiendo transformar el derecho de autor en derecho de copia, el que no tiene carácter cultural sino industrial.
(4).- Que en toda negociación de bienes y servicios, bilateral, regional o multilateral, los países firmantes del ALCA no asuman compromisos de liberalización en ninguno de los llamados bienes y servicios culturales, evitando ceder toda o parte de su soberanía cultural. Los Estados requieren conservar su autonomía regulatoria en esta materia.

c) En el ámbito de la Salud:
(1) Excluir -en tanto materia de objeto de negociación comercial internacional- a la salud, y en su caso, de otorgarle un estatus específico regulatorio distinto al régimen general de servicios del presente acuerdo, donde se contemple la observancia de la legislación de derecho internacional de los derechos humanos respecto al derecho a la salud.

2. Con respecto a la Participación de la Sociedad Civil:
(1) Considerar los estudios y propuestas que distintos grupos de la sociedad civil han producido, y que hasta han sido insuficientemente consideradas hasta ahora por los negociadores
(2) Incorporar en forma vinculante los distintos actores y propuestas que se han planteado en torno a estos procesos: se exhorta a construir un Foro Social de Integración, en que se abran canales de participación directa para la ciudadanía y que se plantee un nuevo trato y un diálogo activo y propositivo entre las instancias de negociación y la sociedad civil.
(3) Que este foro recoja las experiencias históricas de otros procesos como el Consejo Económico Social de MERCOSUR, o el foro Consultivo Laboral Andino de la CAN o el ECOSOC de Naciones Unidas en Chile, lo que fue el Consejo de Diálogo Social
(4) resguardar el derecho a la información plena en todas las fases de la negociación e incorporar las propuestas ciudadanas que sobre este proceso emanen.

Otros:
Con respecto a los procesos y acuerdos migratorios:
(1) Respetar y reconocer los derechos de las y los trabajadoras y trabajadores migrantes, incluidos en los distintos espacios multilaterales internacionales de Derecho Internacional como Naciones Unidas y la OIT.

Organizaciones Participantes:
Universidad de Santiago de Chile
Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable
Sindicato Sodimac Homecenter
Central Unitaria de Trabajadores – Chile
Consumer’s Internacional
Colegio de Profesores – AG
Sindicato Nº 2 de Profesionales y Técnicos ESSEL
ANEF
Federación de Trabajadores Portuarios
CONSFETEMA
Coalición Chilena para la diversidad cultural
ASONG
CONADECUS
CODEPU
ISP

¹ El documento recoge las intervenciones de Olga Ulianova, cuentista política del Centro IDEA; Roberto Pizarro, académico y ex consultor de CEPAL; Claudio Lara, Consumer’s Internacional/ACJR; de Esteban Maturana, Presidente de CONFUSAM; Paulo Slachevsky, de la Coalición por la Diversidad Cultural; Loreto Muñoz, Colegio de Profesores de Chile, A.G.; René Tabilo, del Sindicato de Telefónicas; y Coral Pey, de la Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable, ACJR
² De esta forma, se van implementando las reglas de la Ronda Uruguay de la OMC, que consistieron en la liberalización de inversiones, servicios, compras de gobierno y propiedad intelectual.