29 de mayo de 2000

Comité Tripartito
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
1825 K Street, N.W., Suite 1120
Washington, D.C. 20006

Asunto: Revisión profunda del ALCA y la Sociedad Civil

Estimado Sr./Señora:

El 30 de abril de 1999 le envíe una carta a Bryan Samuel, representante principal de Estados Unidos ante el CRG del ALCA, en mi condición de director ejecutivo de Tile Council of America (TCA), una asociación de industrias que representa a las empresas nacionales fabricantes de baldosas de cerámica y a ciertos proveedores de materias primas y de equipos utilizados en el sector. El envío de dicha correspondencia fue en respuesta a la petición formulada por el Sr. Samuel y por el Trade Advisory Center, del Departamento de Comercio, solicitando la remisión de comentarios dirigidos al Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Participación de la Sociedad Civil del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA - CRG) con relación a una iniciativa para que el proceso de negociación comercial del ALCA incluyera un mecanismo para permitir la participación formal de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el proceso y para que presentaran sus puntos de vista ante los ministros de Comercio del hemisferio durante la reunión efectuada en noviembre de 1999 y, probablemente, en el transcurso de las negociaciones. En la presente comunicación me dirijo al Comité Tripartito en respuesta a una solicitud similar formulada el 25 de mayo de 2000 por el Trade Advisory Center para que realicemos comentarios sobre el particular.

En general, nuestra industria está preocupada por el hecho de que esta iniciativa de formalización de la participación de las ONG en las negociaciones comerciales de gobierno a gobierno sea una respuesta a las presiones ejercidas por varias ONG con intereses especiales diversos para apropiarse de los procesos de negociaciones comerciales y convertirlos en vehículos destinados a promover temas no comerciales o temas de interés especial relacionados muy tangencialmente con el comercio. Consideramos que esto ha quedado en evidencia ab initio en las diversas agendas promovidas por algunas de estas organizaciones, que parecen estar insistiendo en la necesidad de participar en todas las negociaciones comerciales para promover sus propias agendas y los intereses de sus organizaciones. Esto no quiere decir que los temas principales que impulsan a estas organizaciones no son importantes o no constituyen asuntos que despierten preocupaciones válidas. Sin embargo, la relación básica entre economía y comercio que constituye la razón de ser de las negociaciones no debería convertirse en vehículo para la promoción de agendas en campos como el ambiente, la conservación, los derechos humanos, la injusticia social, u otros diversos temas sociales que, tratados de forma separada, pudieran atraer la atención y despertar la preocupación que merecen.

El fenómeno mediante el cual todos esos temas se han convertido en componentes necesarios y esperados en cada una de las negociaciones comerciales y económicas que se realizan a nivel internacional parece estar convirtiéndose en una norma aceptada, que varias ONG han impuesto sobre lo que se venía haciendo tradicionalmente y lo que debería precisamente hacerse en la realidad: deliberaciones comerciales y económicas de gobierno a gobierno. Un gran número de organizaciones privadas que no representan a componentes de la industria manufacturera, de los grupos sindicales o de la producción de nuestra economía que están directamente afectados por dichas negociaciones comerciales y económicas están asumiendo y exigiendo un rango equivalente e incluso predominante y con poder de veto en estas negociaciones. Este hecho desvía, politiza, polariza y se apodera de dichas negociaciones convirtiéndolas en vehículos que permiten impulsar las agendas particulares de organizaciones privadas, no electas y promotoras de un solo tema, que no necesariamente representan al electorado estadounidense ni lo que se supone son los temas económicos y comerciales fundamentales y el centro de atención de diversas negociaciones comerciales internacionales. En este sentido, dichas organizaciones dan por sentado que legitiman y poseen el derecho de tener competencia con respecto a estas funciones eminentemente gubernamentales.

Este fenómeno se ha desarrollado de una forma informal en la última década para convertirse en una situación en la que prácticamente todas las negociaciones internacionales de gobierno a gobierno cuentan con la insistente presencia de grupos de ONG con intereses especiales que en lo esencial no guardan relación entre sí y ya no se contentan con tener “casetas en los pasillos de los hoteles” o con recibir invitaciones para participar en sesiones de información y tener la oportunidad de formular comentarios, sino que exigen - de hecho - “estar presentes en las salas de negociaciones”. Esto no sólo constituye un gobierno no representativo sino que puede convertirse en un factor de distracción y de desvío de la atención para nuestros negociadores gubernamentales y, hasta ahora, no es algo que haya sido estipulado ni contemplado por ningún gobierno representativo. Estas ONG con intereses especiales no tienen una competencia estipulada por alguna ley o reglamento, por lo que pareciera ser un precedente peligroso comprometerse a formalizar su participación a través de la formulación de normas administrativas de la “sociedad civil” o su equivalente. Esto no sólo constituye una política distraccionista e impráctica sino que puede generar objeciones legales. La representación del gobierno estadounidense y de su pueblo en negociaciones comerciales y económicas internacionales es un mandato que se le ha dado a los funcionarios gubernamentales electos y designados, como una función del gobierno representativo. Las negociaciones económicas y comerciales internacionales no son un ejercicio que corresponda a un cabildo abierto en Nueva Inglaterra.

Al formalizar, a través de una autorización administrativa, en nuestros procedimientos de negociación comercial internacionales, la creación de varios componentes de la “sociedad civil” para que aboguen por sus intereses y agendas particulares y los hagan ver como supuestos intereses de Estados Unidos, se corren varios peligros: el de conferir un carácter casi-gubernamental a las ONG con intereses especiales más agresivos, el de revocar los deberes y la misión que tienen los funcionarios gubernamentales electos y designados de dirigir las negociaciones comerciales en nombre del gobierno y el electorado estadounidenses, y de reemplazar los procedimientos que ya han sido creados y estipulados legalmente para realizar consultas con los grupos económicos del sector privado a través, por ejemplo, de los sistemas ISAC, IFAC e IPAC establecidos por el Congreso.

Atentamente,

Robert E. Daniels