En materia de contrataciones del Estado, el Decreto-Ley de Contabilidad Número 23.354/56 en su Artículo 55 ? ratificado por Ley 14.487 ? las define como toda compra o venta por cuenta de la Nación, así como todo contrato sobre locaciones, arrendamientos, trabajos o suministros.

La Ley de Obras Públicas Número 13.064, Artículo 1, considera obra pública nacional a toda construcción o trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del Tesoro de la Nación.

Compras del sector público se definen como las compras, contrataciones o subcontrataciones de bienes, servicios y personal por parte del Gobierno, agencias del gobierno y otras entidades o empresas pertenecientes al gobierno.

Se refiere a las compras de bienes y servicios para el uso de los Ministerios y Departamentos. Así, adquisiciones del sector público se pueden referir solamente a aquellos bienes adquiridos con fondos públicos y no incluiría las donaciones.

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, aprobadas por la Resolución Suprema Número 216,145 de fecha 3 de agosto de 1995, no contemplan una definición explícita de las compras del sector público.

No obstante, se entiende como compras del sector público a las contrataciones que realizan las entidades públicas para comprar bienes, contratar servicios y/o construir obras, tanto para uso o consumo de las propias entidades como de la población en general.

Se entiende como compras del sector público a todas las adquisiciones de bienes y servicios realizadas por cualquier órgano gubernamental. Las compraventas de bienes (por ejemplo, leilão de sucata [remates]) están también englobadas en esta definición. Otras definiciones aplicables a las compras gubernamentales están contenidas en el Artículo 6 de la Ley 8,666/8,883.

Las compras del sector público son definidas generalmente en términos de compras para el beneficio directo y uso de las entidades gubernamentales.

Las compras del sector público en Chile están comprendidas por la función de abastecimiento que realiza el Estado, a través de la contratación de bienes y servicios para el consumo, bienes y servicios para la producción, y servicios de construcción. Esto involucra a servicios públicos, empresas públicas y municipalidades.

En Colombia, no existe definición expresa sobre compras del sector público. Sin embargo, cabe entender de manera general como tales a las adquisiciones de bienes y a la contratación de servicios que realizan las entidades estatales, para el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos.

Hasta la promulgación del Decreto Ejecutivo Número 25,515-MP, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 21 de octubre de 1996 se carecía de una disposición legal expresa que contuviera este concepto.

A partir de este Decreto Ejecutivo, se tiene que para efectos del reglamento del Artículo 20 de la Ley Número 7.428 de 7 de septiembre de 1994 (Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, por la que se impone la obligación de refrendo de algunas contrataciones del sector público), se entiende por contrataciones del Estado "aquellas que celebren los Supremos Poderes, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República." Obsérvese entonces que la definición que se contiene es para una parte del universo que comprende, en general, el término de compras del sector público. Este además abarca, entre otros, a las entidades descentralizadas y a las municipalidades.

Salvo esta definición, que es aplicable para los efectos señalados, las regulaciones vigentes desde la perspectiva constitucional e internacional, como nacional, más bien hacen referencia al ámbito de aplicación. De ahí que hayamos optado por exponer una definición doctrinal de compras del sector público que comprendan los alcances de las regulaciones vigentes y que señala que es: "un contrato celebrado por la Administración Pública, que tiene por objeto la satisfacción directa de necesidades colectivas, o en general, la obtención de los fines propios del ente que promueve el negocio"

Esta definición puede incluir muchas otras formas de contratación administrativa además de las compras de bienes y servicios y concesión de obra pública. En términos generales, esta información cubrirá las disposiciones legales más relevantes relacionadas con estas tres áreas: compras de bienes, compra de servicios y concesión de obras públicas.

La Ley de Concesión de Obra Pública, contiene una definición de "concesión de obra pública" en su Artículo 1: "el instituto jurídico de derecho público mediante el cual el Estado encarga a una persona la ejecución de una obra y le transmite, temporalmente, los poderes jurídicos necesarios para que la explote, por medio del pago de una contraprestación o tarifa que abonarán a los usuarios, con la autorización, control y vigilancia de la administración, pero por cuenta y riesgo del concesionario." (Artículo 1, Ley de Concesión de Obra Pública, Ley Número 7.404, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, en adelante Diario Oficial, el día 12 de mayo de 1994.

En la legislación ecuatoriana, las compras del sector público se refieren a la adquisición de bienes muebles e inmuebles, servicios no considerados como consultoría, ejecución de obras, arrendamientos de bienes muebles o inmuebles y consultoría. No se incluyen en este análisis los contratos de crédito externo e interno, y las compras relacionadas con la seguridad y defensa nacional.

Son procedimientos para la adquisición de mercancías, servicios y obras públicas que adquiere la Administración del Estado mediante una licitación dependiendo de los montos establecidos en la legislación vigente; logrando mayor cabida a la competencia nacional e internacional aplicando criterios comerciales, de manera que se puedan utilizar eficientemente los ingresos fiscales asignados al Estado, en la adjudicación de suministros, y que las compras se realicen a los precios más favorables para la

entidad gubernamental compradora.

Compras del sector público están generalmente definidas en términos de la adquisición de bienes y servicios para el directo beneficio y uso de las entidades gubernamentales. La Ley (41 USC 403) de la Oficina Federal de Políticas de Adquisiciones (OFPG) define las adquisiciones en base a lo siguiente:

El término adquisiciones incluye todas las etapas del proceso de compra de bienes y servicios, comenzando con el proceso para determinar la necesidad de bienes o servicios y terminando con la firma del contrato.

Las adquisiciones, generalmente, no incluyen acuerdos no contractuales o cualquier otra forma de asistencia gubernamental, incluyendo acuerdos de cooperación, préstamos subvencionados, infusión de capital, garantías, incentivos fiscales, y provisión de bienes y servicios a personas o autoridades gubernamentales no cubiertas específicamente por los anexos de Estados Unidos del Acuerdo sobre Compras del Sector Público de la OMC y el Capítulo 10 del TLCAN.

Son las compras gubernamentales hechas en una forma descentralizada con un registro centralizado manejado por un ente rector de la Administración Pública.

Son los egresos que efectúa el Gobierno al adquirir bienes y servicios que le otorgan propiedad, mediante previo cumplimiento de requisitos legales, entre ellos: asignación presupuestaria, la emisión de órdenes de compra y pago, resoluciones internas, reserva de crédito.

Se entiende por adquisiciones del sector público las adquisiciones de bienes y servicios, con fondos públicos, en nombre y a cuenta del gobierno.

Las compras del sector público en México se refieren a las adquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes muebles, así como obra pública y los servicios relacionados con la misma que contraten, con cargo total o parcial a recursos federales, las dependencias (Secretarías de Estado y departamentos administrativos) y entidades (empresas gubernamentales) de la Administración Pública Federal.

Se definen como: Una contratación administrativa para las adquisiciones de bienes y servicios por cuenta del Gobierno Central, entes descentralizados, autónomos y municipalidades.

La Ley no establece una definición del término, pero señala su ámbito de aplicación, estableciendo que se aplicará a las contrataciones que realice el Estado, sus entidades autónomas o semiautónomas, dependiendo de su cuantía, para:

1. la ejecución de obras públicas

2. adquisición o arrendamiento de bienes

3. prestación de servicios

4. operación o administración de bienes

5. gestión de funciones administrativas

Toda adquisición realizada por la Administración Central o entidades descentralizadas por cuenta del Estado paraguayo.

Para estas adquisiciones se tienen legislaciones previstas en el área de compras y suministros de bienes y/o servicios y la legislación respectiva del área de obras públicas.

La adquisición es un proceso técnico de abastecimiento, constituido por un conjunto de acciones técnicas, administrativas y jurídicas orientadas a conseguir la propiedad, el derecho de uso o el acceso a la prestación de servicios no personales.

Dentro de la definición antes señalada, se consideran los siguientes conceptos:

• Bienes: Son todos aquellos elementos materiales, individualizables que se pueden medir, intercambiar y utilizar para el desarrollo de procesos productivos de diversa naturaleza. El concepto engloba a los artículos, materiales, insumos, instrumentos de producción, maquinarias, equipos, repuestos y accesorios y otros elementos necesarios para el cumplimiento de metas.
• Servicios no personales: Actividad o trabajo que efectúa una persona natural o jurídica ajena al organismo público que desea adquirir, a cambio de una retribución económica, para atender una necesidad intangible. Se orienta a la producción, construcción, habilitación, funcionamiento, orientación, conservación, preservación u otros; se mide en y por sus efectos o resultados.
• Obra pública: Construcción o trabajo que requiere de la dirección técnica, de la utilización de mano de obra y los materiales y/o equipos, que realice en forma parcial o total, directa o indirectamente, sea cual fuera el recurso económico que se utilice para el funcionamiento de la inversión correspondiente.

Las compras del sector publico se definen como:

1. La adquisición de artículos o contratación de obras o servicios conexos, y

2. la designación de consultores en relación con cualquier proyecto.

"Artículos" significa todos los bienes, materiales, provisiones, vehículos, maquinaria, equipos y bienes de todo tipo. "Obras" significa edificios e obras de ingeniería de todo tipo. "Proyecto" incluye cualquier obra o contratación y significa cualquier propuesta para proveer artículos o la contratación de obras o para la operación de cualquier empresa y cualquier servicio conexo.

No existe dentro de las disposiciones legales una definición clara y precisa de lo que se entiende por compras del sector público.

Igualmente podemos decir que compras del sector público son los contratos que celebra el Estado con personas públicas, o privadas, físicas o jurídicas a efectos de adquirir bienes o servicios que le sean necesarios para cumplir eficazmente con sus objetivos.

En el Artículo 2 del TOCAF se dice que los hechos, actos u operaciones de los que se deriven transformaciones o variaciones en la Hacienda Pública, están alcanzados por la presente Ley, lo cual establece el ámbito de aplicación del texto legal.

En Venezuela no existe definición expresa sobre compras del sector público. Sin embargo el Artículo 1 de la Ley de Licitaciones señala que su ámbito de aplicación son las contrataciones que efectúa la Administración Pública, destinadas a ejecutar obras, adquisición de bienes y prestación de servicios.