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Confidencialidad Anulada
FTAA.TNC/inf/123
16 de febrero de 2004
Original: español
ALCA - COMITE DE NEGOCIACIONES
COMERCIALES
VENEZUELA
MEMORANDUM
| De: |
Víctor Álvarez, Viceministro de
Industria, Jefe de la Delegación de la República Bolivariana de
Venezuela al Comité de Negociaciones Comerciales |
| Para: |
Delegaciones de los países que
participan en el Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA |
| Asunto: |
Venezuela ante las negociaciones del
ALCA |
| Fecha: |
San Salvador, 8-11 de julio de 2003 |
En esta XIV reunión del CNC,
tengo la responsabilidad de dirigirme a ustedes en la oportunidad de
comunicar las más recientes preocupaciones del Gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela en relación con el estado actual de las
negociaciones del ALCA.
Como ya lo planteamos en la pasada Reunión del CNC en Puebla, en
Venezuela hay una creciente preocupación y conciencia sobre los
potenciales efectos del ALCA en los ámbitos económico, político,
ambiental, cultural, laboral y de derechos humanos.
En el caso de Venezuela, cualquiera sea el acuerdo al que finalmente se
llegue, el mismo debe ser validado por la voluntad democrática de
nuestro pueblo a través de un referéndum. La velocidad por culminar las
negociaciones del ALCA y de lograr que estos acuerdos entren en vigencia
se enfrenta en Venezuela a la exigencia constitucional de realizar un
referéndum popular. Mientras más cortos son los plazos, y mientras más
son los foros de negociaciones paralelas, son menores las posibilidades
de que nuestro gobiernos pueda diseñar y ejecutar las políticas y
estrategias para responder en forma adecuada a la amplia gama de asuntos
que se están negociando simultáneamente. Mientras más acelerados son los
procesos de negociación, menores son las posibilidades de que pueda
generase un debate público democrático informado en cada uno de los
países sobre las implicaciones de estas negociaciones. Si a esto se
agrega el hecho de que la mayor parte de las negociaciones se realizan
en secreto, o con información pública limitada y retardada, la mayor
parte de estas negociaciones propician una creciente presión en un
número cada vez mayor de nuestros países. El intenso ritmo que signa a
las negociaciones y los reducidos lapsos a los cuales está emplazado
nuestro país en este proceso de negociación se constituyen así en una
negación de la posibilidad real de la participación democrática en torno
a los asuntos que se negocian.
Sólo mediante un proceso de negociaciones efectivamente transparente al
conjunto de la sociedad podremos afirmar que estamos avanzando en la
dirección de un proceso de integración que pueda caracterizarse como
democrático. Una mayor transparencia, el acceso pleno de las sociedades
a toda la información y el debate público sobre las negociaciones del
ALCA, necesariamente exigirían otros cronogramas de negociación. Son
estos los costos necesarios de la democracia. El acelerado proceso de
reuniones y negociaciones que se lleva a cabo en la actualidad y el afán
por concluir estas negociaciones a más tardar a finales del año 2004,
niega la posibilidad de un proceso transparente como la posibilidad de
que sectores sociales y la sociedad en su conjunto sean consultados
antes de tomarse decisiones de consecuencias tan profundas como las que
estarían implicadas en los actuales borradores del ALCA.
AREA DE LIBRE COMERCIO O AREA LIBRE DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL
La integración tradicional se enfoca en la liberalización del comercio y
de las inversiones. Poca importancia se le otorga a la libre circulación
de las personas y a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Para lograr estos objetivos, Venezuela y América Latina necesitan hoy
más que nunca centrar sus esfuerzos en el desarrollo humano y en la
corrección de las asimetrías y disparidades entre países. Sólo así los
tradicionales problemas relacionados con el Trato Especial y
Diferenciado a las economías más pequeñas podrán ser superados.
Es hora de trascender los problemas clásicos referidos a la desgravación
del arancel, las medidas no arancelarias, las normas técnicas o las
medidas sanitarias y fitosanitarias. Tampoco se trata de negociar
mayores excepciones en las listas o plazos más largos en la desgravación
para que las economías más pequeñas cumplan con la cartilla de la
integración tradicional.
Habrá libre comercio cuando seamos capaces de atacar con éxito los
obstáculos a la integración desde su raíz. Un área de libre comercio que
se traduzca en una mayor calidad de vida y bienestar para nuestra
población tiene que incluir en su agenda de asuntos prioritarios los
siguientes:
i) el intercambio desigual que prevalece en el marco de un orden
económico internacional injusto;
ii) los obstáculos para tener acceso a la información, el conocimiento y
la tecnología;
iii) las disparidades y asimetrías entre países;
iv) el peso de una deuda impagable;
v) los impactos de las políticas de ajuste estructural impuestos por los
organismos financieros internacionales.
Después de más de una década de Reformas del Estado que se tradujeron en
acelerados y profundos procesos de desregulación, privatización y
desmontaje de las capacidades de gestión pública, en Venezuela y otros
países del Hemisferio se plantea la imperiosa necesidad de fortalecer y
hacer más eficaz el funcionamiento del Estado para dar respuesta a los
múltiples problemas que agobian nuestros pueblos. Sin embargo, en los
principales acuerdos de libre comercio que están siendo negociados en el
Hemisferio lo que está planteado es constitucionalizar las reformas
liberalizadoras que dieron lugar a buena parte de las crisis económicas,
políticas y sociales que han puesto en un serio peligro la
gobernabilidad al socavar las bases de apoyo social y político de
gobiernos democráticamente electos.
Ni hegemonía del Estado ni fundamentalismo de mercado son las
alternativas en las que Venezuela puede encontrar la vía para el
desarrollo económico y social. Más bien, nuestro principio es “tanto
mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario”. Desde esta
perspectiva creemos que la armonización entre el papel del estado y la
dinámica del mercado son asuntos que deben ser decididos en cada
contexto concreto, de acuerdo a las condiciones particulares y según la
voluntad democrática de los ciudadanos. Ningún acuerdo de integración
puede pretender resolver esta tensión de una sola vez a favor del estado
o a favor del mercado. La experiencia sufrida por muchos países al
imponer intentos de desarrollo centrados en la hegemonía del estado o
del mercado demostraron que esta no es la mejor forma de garantizar ni
una eficiente asignación de recursos ni mucho menos el máximo de
bienestar colectivo.
No se trata entonces de limitar la acción reguladora de los Estados para
allanar el camino de la liberalización económica a través de la adopción
irreversible de acuerdos internacionales de obligatorio cumplimiento. No
basta con liberalizar el comercio y las inversiones para garantizar el
avance hacia mayores niveles de crecimiento y bienestar colectivo. Sin
mecanismos expresos dirigidos a lograr una reducción significativa de
las disparidades entre las diferentes regiones, países y actividades
productivas, la libre competencia entre desiguales no puede conducir
sino al fortalecimiento de los más fuertes y a un debilitamiento aún
mayor de los más débiles.
LA AGRICULTURA: MUCHO MAS QUE UN SECTOR PRODUCTOR DE MERCANCIAS
La exigencia de reducción de las políticas proteccionistas y de los
masivos subsidios que otorgan los principales países industrializados no
puede convertirse en una exigencia generalizada de liberalización del
comercio de productos agrícolas. Para muchos países de América Latina y
El Caribe la actividad agrícola es fundamental para la supervivencia de
la propia nación. Las condiciones de vida de millones de campesinos e
indígenas se vería catastróficamente afectados si ocurre una inundación
de bienes agrícolas importados, aún en los casos en los cuales no exista
subsidio. La producción agrícola es mucho más que la producción de una
mercancía. Es, más bien, un modo de vida. Es el fundamento básico para
la preservación de opciones culturales, es una forma de ocupación del
territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que
ver directamente con los temas críticos de la seguridad y soberanía
alimentarias. Por lo tanto, no puede ser tratado como cualquier otra
actividad económica o cualquier producto.
El Artículo 303 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela indica: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como
base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia
garantiza la seguridad alimentaria de la población; entendida como la
disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y
el acceso oportuno y permanente a éstos por parte de los consumidores.
La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando
la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la
proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.
La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al
desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado
dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de
mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles
estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el
marco de la economía nacional e internacional para compensar las
desventajas propias de la actividad agrícola”
Por todas estas razones, la situación de las negociaciones sobre la
agricultura para el ALCA constituye un objeto más de preocupación de
gran trascendencia para Venezuela.
Para el inicio de las negociaciones en 1998, la Declaración Ministerial
de San José estableció claramente entre los objetivos de las
negociaciones para este importante sector de la producción el de
“eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas que afectan el
comercio en el Hemisferio”, y el de “Identificar otras prácticas que
distorsionen el comercio de productos agrícolas, incluidas aquellas que
tengan un efecto equivalente al de los subsidios a las exportaciones
agrícolas y someterlas a una mayor disciplina”
También se acordó por consenso de los Ministros del ALCA en la misma
oportunidad que “Las negociaciones se iniciarán simultáneamente en todas
las áreas temáticas. El inicio, la conducción y el resultado de las
negociaciones del ALCA se deberán tratar como partes de un compromiso
único (single undertaking) que incluya los derechos y obligaciones
mutuamente acordados”
Sin embargo, desde el inicio de la negociación de los textos para el
proyecto de Tratado, algunos países pusieron de manifiesto su reticencia
a negociar para el ALCA los subsidios a las exportaciones de productos
agrícolas y las ayudas internas que distorsionan el comercio y la
producción de productos agrícolas, con inclusión de las medidas con
efectos equivalentes a los subsidios a las exportaciones.
La insistencia en tal posición, a todas luces contraria a los principios
y objetivos pautados para emprender la conformación del ALCA, principios
y objetivos que compartimos y que nos alentaron a participar en la
negociación, fue motivo de un gran debate en la última Reunión
Ministerial celebrada en Quito, en cuya declaración finalmente todos los
países reconocieron “la importancia de la agricultura para las economías
de la región, cuyo tratamiento integral y no discriminatorio en las
negociaciones del ALCA contribuirá a generar empleo, reducir la pobreza
y favorecer la estabilidad social”, por lo cual reafirmaron “el
compromiso hemisférico con la eliminación de los subsidios a las
exportaciones que afectan el comercio de productos agrícolas en el
Hemisferio y el desarrollo de disciplinas a ser adoptadas para el
tratamiento de todas las otras prácticas que distorsionan el comercio de
productos agrícolas, incluyendo aquellas que tienen efecto equivalente a
los subsidios a las exportaciones agrícolas”, señalando en particular
“que nuestra respectiva evaluación, por país o grupo de países, de los
resultados de las negociaciones de acceso a mercados en agricultura en
el ALCA dependerán del progreso que consigamos alcanzar en los otros
temas que son parte de la agenda agrícola”
En abril del presente año el planteamiento fue ratificado de manera
práctica por este Comité de Negociaciones Comerciales en su reunión de
Puebla cuando instruyó al Grupo de Negociación sobre Agricultura
“intensificar sus debates sobre todos los temas de su agenda, en
particular los referidos a los subsidios a las exportaciones y a todas
las otras prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas,
incluyendo aquellas que tienen efecto equivalente a los subsidios a las
exportaciones agrícolas, sin excepción alguna y sin prejuzgar los
resultados, al tenor de los mandatos de las declaraciones ministeriales
de Buenos Aires y Quito”
Del desarrollo de las reuniones de negociación efectuadas desde
noviembre del año pasado, puede deducirse claramente la insistencia en
la negativa a comprometerse con la no reintroducción de los subsidios en
las exportaciones agrícolas, a trabajar en la regulación de las
condiciones para los créditos, garantías de crédito y programas de
seguro a las exportaciones agrícolas y a trabajar para la disminución y
disciplinamiento de las ayudas internas a la agricultura.
Entre tanto, para la negociación sobre la eliminación de los aranceles
agrícolas se han establecido plazos perentorios que nos han obligado a
desarrollar un esfuerzo importante para cumplirlos y, aún con las
dificultades prácticas derivadas de las diferentes nomenclaturas
arancelarias y de la disponibilidad de los datos sobre los equivalentes
ad valorem de los aranceles específicos, complejos y compuestos que
exhiben algunos países, los hemos cumplido con puntualidad para
demostrar nuestra voluntad de negociar la agricultura.
La situación indicada muestra claramente un desbalance de gran magnitud
en la negociación y una perspectiva de desequilibrio para su final, de
persistir el estancamiento en los trascendentales aspectos señalados. No
es aceptable un desbalance de tal naturaleza. No es aceptable que la
negociación de la agricultura se circunscriba exclusivamente a la
eliminación de los aranceles.
En efecto, algunos países destinan decenas de miles de millones de
dólares anualmente para sostener sus exportaciones y la producción de su
agricultura, ocasionando fuertes distorsiones en los precios de los
productos agrícolas en los mercados mundiales. Con esos precios, se nos
impide o dificulta el acceso efectivo a los mercados de esos países aún
con la eliminación de las barreras arancelarias, se compite deslealmente
en nuestros propios mercados internos y se haría de modo mucho más
efectivo con la eliminación de nuestros aranceles, y se nos quitan
mercados en terceros países para los productos agrícolas que pudiéramos
de otra forma exportar o hacerlo con mayores beneficios.
Nuestros países carecen de la magnitud de los recursos financieros que
disponen los países desarrollados para apoyar la agricultura; lo que
tenemos son instrumentos de política para paliar los efectos perversos
de las distorsiones de los precios internacionales, instrumentos que se
nos solicita eliminar con las negociaciones de acceso a los mercados.
Parte importante de la pobreza y la marginalidad de nuestros pueblos se
concentra en la población que habita en las zonas rurales que subsiste
con base en la actividad agrícola o actividades alrededor de la
agricultura. Esa población es finalmente la más castigada con el
desbalance de partida para la negociación de la agricultura y lo sería
más si se excluyen de la negociación los aspectos que más la perjudican.
La seguridad alimentaria de que gozan los países desarrollados de
hemisferio, que hoy se nos niega a los países en desarrollo al querer
limitar el margen de acción para nuestras políticas, es fruto de medio
siglo de políticas de apoyo sistemático a la agricultura con la
consiguiente distorsión de los precios en los mercados mundiales. Si aún
hoy cesaran tales apoyos, el campo de juego aún permanecería desnivelado:
La infraestructura y el aparato productivo y tecnológico establecido y
operado en buena parte gracias a los desembolsos de esas políticas
todavía nos dejan en desventaja.
Solamente el enorme contraste en el tamaño de las economías que integran
el Continente, nos sitúa en desventaja. Mientras el tamaño de nuestros
mercados significa muy poco para la expansión de la agricultura de los
países desarrollados, solo una pequeña fracción de aumento o desvío de
las exportaciones hacia nuestros países significa una conmoción de
precios y el derrumbe de la posibilidad de sustento para una parte
importante de nuestra población.
Si los países desarrollados no quieren eliminar los subsidios y las
medidas de efectos equivalentes y no quieren disminuir sustancialmente y
disciplinar las ayudas internas por temor a la pérdida de sus mercados
en el Mundo, fuera del Continente, y proponen hacerlo solo luego de
negociarlo en el ámbito multilateral, no se nos puede pedir que nosotros
les demos ahora en el hemisferio mayor acceso a nuestros mercados. Para
ser equitativos no queda otro camino que también negociar el acceso a
los mercados para los productos agrícolas en el mismo foro multilateral,
y solo luego que conozcamos plenamente los verdaderos alcances de lo que
las potencias agrícolas de Orbe hayan acordado sobre la eliminación de
sus subsidios y las medidas de efecto equivalente y sobre la disminución
y disciplinamiento de sus ayudas internas, podremos con responsabilidad
determinar hasta que punto podremos otorgar mayor acceso a nuestros
mercados.
LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL1
La propiedad intelectual es otro de los asuntos en los cuales se expresa
más nítidamente la oposición de intereses entre las grandes
corporaciones transnacionales y los países pobres del Sur, especialmente
las poblaciones campesinas y aborígenes.
Se ha producido una notoria ampliación de lo que se considera como
patentable, haciéndose difusa la anterior frontera entre invención
(patentable) y descubrimiento (no patentable). Igualmente, como
consecuencia de las transformaciones en el campo de la tecnología, en
particular de los nuevos desarrollos en la biotecnología, y respondiendo
a las exigencias de dicha industria, se ha abierto un nuevo e inmenso
campo para la propiedad intelectual: la propiedad intelectual sobre
formas de vida.
Estos desplazamientos conceptuales y doctrinarios en torno a la
propiedad intelectual han sido acompañados por la creación de nuevos
instrumentos jurídicos e institucionales, tanto nacionales como
transnacionales, destinados a la protección de la propiedad intelectual.
Apelando a lo que fueron denominados “asuntos relacionados con el
comercio”, se estableció un amplio régimen de protección de la propiedad
intelectual que cubre cada uno de sus principales ámbitos, estas
negociaciones fueron realizadas en condiciones de extrema asimetría
entre los países del Norte y los países del Sur. A pesar de la
resistencia inicial por parte de muchos países del Sur, los países del
Norte lograron imponer un régimen obligatorio y global de protección de
la propiedad intelectual de acuerdo a sus exigencias, a partir de
propuestas formuladas por las transnacionales farmacéuticas.
En las relaciones asimétricas hoy existentes entre los países
industrializados del Norte y el Sur, las ventajas del Norte residen
precisamente en las áreas científico-tecnológicas. El régimen
internacional de definición y protección de la propiedad intelectual
está orientado a acentuar este desbalance. Protege aquello en lo cual
los países más fuertes tienen ventajas, mientras que, básicamente, deja
sin protección aquello en lo cual los países y pueblos del Sur tiene una
indudable ventaja: en la diversidad genética de sus territorios y en el
conocimiento tradicional de los pueblos campesinos y aborígenes.
Antes de las negociaciones de TRIPS más de 50 países no tenían regímenes
legales de protección de patentes sobre productos farmacéuticos, con lo
cual sus mercados internos podían ser surtidos por medicamentes
genéricos a precios muy inferiores a los ofrecidos por las empresas
dueñas de las patentes. De acuerdo al National Working Group on Patent
Laws, la comparación de los precios de los medicamentos en la India con
países en los cuales existe la protección de patentes farmacéuticas,
indica que en éstos los precios son hasta 41 veces más altos. La
industria farmacéutica de la India es una industria floreciente de más
de 20000 empresas, produce medicamentos de alta calidad accesibles a
centenares de millones de personas de bajos niveles de ingreso y
desempeña además un papel importante en la generación de empleo. Esto ha
comenzado a cambiar en la India y en el resto del mundo en forma
acelerada y radical. Los acuerdos TRIPS de la Organización Mundial de
Comercio obligan a todos los países -después de un período de gracia
para los países “menos desarrollados”- a establecer regímenes de
patentes que garanticen la protección estricta de la propiedad
intelectual.
Como consecuencia de los derechos monopólicos otorgados por TRIPS, las
compañías farmacéuticas pueden eliminar la competencia y cobrar precios
más allá de la posibilidad de pago de millones de personas. A partir de
diversos estudios se ha calculado que ocurrirán no sólo aumentos
significativos de precios como consecuencia de la introducción de
patentes, sino igualmente una notoria reducción del consumo: amplios
sectores de la población quedarían excluidos del acceso a medicamentos
comerciales. El caso de Egipto es ilustrativo: la introducción de
patentes en los medicamentos condujo a aumentos de precios de cinco a
seis veces, comparados con los medicamentos sin patentes. Se tenderá
igualmente a la quiebra de medianas y pequeñas empresas farmacéuticas y
al incremento en los niveles de monopolización de la actividad por las
grandes transnacionales.
En la actualidad 80% de las patentes sobre alimentos modificados
genéticamente están en manos de 13 transnacionales, y las 5 compañías
agroquímicas más grandes controlan casi todo el mercado global de
semillas.
Como consecuencia del establecimiento de patentes sobre diversas formas
de vida, y la apropiación/expropiación del conocimiento campesino/comunitario
por parte de las grandes transnacionales de semillas y agroquímicos,
están cambiando aceleradamente los patrones de producción campesinos en
escala global. Los campesinos se hacen cada vez menos autónomos, cada
vez más dependientes de la compra de costosos insumos de las
transnacionales.
La “libertad de comercio” impuesta crecientemente por los intereses de
estas transnacionales a los campesinos de todo el mundo, está
conduciendo hacia una reducción de la variedad genética de muchos de los
principales cultivos alimenticios. Esta reducción de la diversidad
genética, asociada a una visión ingenieril de la agricultura, basada en
un control extremo de tipo fabril sobre cada fase del proceso productivo
-con semillas manipuladas genéticamente y el uso intensivo de
agroquímicos- reduce drásticamente la capacidad auto-adaptativa y
regenerativa de los sistemas ecológicos.
Producto de este régimen legal global de biopiratería es la inmensa gama
de patentes -basados en la expropiación no reconocida de los
conocimientos y/o recursos de otros.
Como ha podido constatarse en el espectro de asuntos críticos para el
presente y futuro de la humanidad que están siendo afectados por los
acuerdos de derechos de propiedad intelectual, se trata de unos de los
ejes más dinámicos del proceso de concentración del poder y acentuación
de las desigualdades que caracteriza las actuales tendencias hegemónicas
de la globalización.
Ante este dramático panorama, Venezuela plantea que las nuevas formas
como se estructuran y consolidan los acuerdos en torno al tema de la
propiedad intelectual no pueden poner en peligro las condiciones de vida
de la mayor parte de la población del planeta; las posibilidades de
supervivencia de pueblos y comunidades que en todo el mundo defienden el
derecho a otras opciones culturales alternativas a la mercantilización
total; así como el derecho de nuestros pueblos de tener acceso a
medicamentos y alimentos de calidad y bajos precios.
FONDO PARA LA CORRECCION DE LAS ASIMETRÍAS Y DISPARIDADES
Durante el CNC de Puebla realizado entre el 8 y 11 de abril Venezuela
presentó un documento en el que se insiste en la necesidad de discutir
la viabilidad y conveniencia de incluir como tema el de los Fondos
Compensatorios con el objetivo de reducir de manera significativa las
asimetrías en los niveles de desarrollo entre naciones y entre sectores
productivos involucrados, de alguna manera, en las negociaciones del
ALCA. Asignándole a dicho mecanismo metas sociales y económicas precisas,
plazos bien establecidos y mecanismos de seguimiento.
Este mecanismo requiere de una definición inicial que permita medir las
asimetrías existentes en la región y encuentra el foro de debate en el
Grupo Consultivo de Economías más Pequeñas (GCEMP). En este grupo no ha
sido alcanzado ningún consenso el cual permita dar inicio a la discusión
sobre las asimetrías en el grado de desarrollo de los países, es por
ello que Venezuela propone el inicio del debate partiendo de la base que
el identificar una definición concreta de economía más pequeña
facilitará la concreción de una o varias estrategias para lograr superar
los obstáculos generados con las asimetrías existentes.
Venezuela considera que el carácter abarcador de los contenidos del ALCA,
en cuanto a tratados comerciales y a la legislaciones nacionales, así
como el gran peso de las relaciones económicas hemisféricas en el
funcionamiento de la mayoría de las economías involucradas, tanto en lo
comercial como en el movimiento de capitales exige considerar
indicadores que permitan presentar las mencionadas asimetrías. De esta
forma, el tratamiento en el ALCA de las diferencias en los niveles de
desarrollo y el tamaño de las economías participantes, además de
plantearse –por las razones arriba expuestas– como un asunto de la mayor
prioridad, debería incluir:
• La generación de instrumentos dentro del ALCA, a través de los cuales
se busque no sólo que los países “en desarrollo” puedan acceder al Área,
sino que además y principalmente esos países puedan mejorar sus
condiciones productivas y competitivas, atenuándose las disparidades que
caracterizan a su funcionamiento económico interno y las grandes
distancias que los separan de las grandes economías desarrolladas del
Hemisferio.
• Una definición clara respecto a las economías que serán objeto de
trato especial y diferenciado. Hasta la fecha, en las negociaciones del
ALCA si bien se hace referencia reiteradamente a las diferencias en “los
niveles de desarrollo y el tamaño”, el concepto que se utiliza para
identificar a los destinatarios de dicho trato es el de “Economías más
pequeñas”, el cual remite a la dimensión económica de los participantes,
sin que estén definidos los criterios que se utilizarán al respecto.
• Una identificación de trato especial y diferenciado no sólo hacia la
totalidad de cada una de las economías, sino también hacia el interior
de cada una de ellas, de tal manera que dicho trato pueda dirigirse a
las regiones y sectores que más lo necesitan. De esa manera los recursos
que se canalicen para atender a las disparidades se vincularían
directamente con los ámbitos intra-nacionales a los que irían dirigidos,
asegurando de esta forma mayores niveles de eficiencia y transparencia,
así como una reducción de las trabas administrativas asociadas al uso de
dichos recursos provenientes de los mencionados mecanismos.
Desde la puesta en marcha de las negociaciones para la creación del ALCA,
e incluso durante la fase preparatoria para dichas negociaciones, se ha
venido reiterando por los distintos órganos y niveles de negociación la
necesidad de atender a las disparidades que caracterizan al grupo de
países participantes.
En tal sentido, en la Declaración Ministerial de Buenos Aires de 2001,
se planteó que: “Reafirmamos nuestro compromiso, plasmado en anteriores
Declaraciones Ministeriales, de tomar en cuenta, al diseñar el ALCA, las
diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías de
nuestro Hemisferio, para crear oportunidades para la plena participación
de las economías más pequeñas y aumentar su nivel de desarrollo.
Reconocemos las amplias diferencias existentes en el nivel de desarrollo
y en el tamaño de las economías en nuestro Hemisferio y tendremos
presente dichas diferencias en nuestras negociaciones para asegurar que
reciban el tratamiento que éstas requieren, de manera que se garantice
la plena participación de todos los miembros en la construcción y los
beneficios del ALCA.”2. Y, en la misma Declaración Ministerial, a
continuación se agrega: “Reiteramos la importancia que tiene la
cooperación para permitir un fortalecimiento de la capacidad productiva
y de la competitividad de esas economías...”3 .
Así también, la Declaración de la siguiente Reunión Ministerial (Quito,
noviembre de 2002) reafirma que: “Consideramos que el establecimiento
del ALCA, mediante la expansión de los flujos comerciales, la
liberalización del comercio y la inversión en el Hemisferio, contribuirá
al crecimiento, generación de empleos, aumento en el nivel de vida,
mayores oportunidades y la reducción de la pobreza en el Hemisferio.
Para que ello sea posible la conformación del ALCA deberá promover la
aplicación de políticas orientadas al desarrollo económico, fomentando
la generación de empleo y la operación efectiva del mercado laboral en
el Hemisferio.” 4
Ese escenario de grandes disparidades entre los países y en el interior
de muchos de ellos, plantea el mayor de los retos al ALCA y obliga a que
la atención de dichas disparidades ocupe un lugar predominante en el
debate entorno a las negociaciones ya que de no ser así el propio
funcionamiento del ALCA podría empujar a una profundización todavía
mayor de las diferencias que caracterizan al escenario previo al inicio
del Acuerdo.
Si bien la instalación en 1998 del Grupo Consultivo sobre Economías más
Pequeñas, GCEMP, y la creación en 2002 del Programa de Cooperación
Hemisférica, PCH5, son iniciativas que responden a la existencia de
profundas desigualdades en el ALCA, es evidente que dichas iniciativas
resultan insuficientes para una adecuada atención del problema,
empezando por el hecho de que hasta la fecha el tratamiento especial y
diferenciado no se hace extensivo a las economías que sin ser de las
“más pequeñas” se caracterizan por su escaso grado de desarrollo
promedio y/o por existir en su interior regiones o sectores que
requieren de apoyos especiales para poder enfrentar con éxito el libre
comercio hemisférico que el ALCA traerá consigo.
A la luz de las consideraciones anteriores, se hace imprescindible
incorporar en el ALCA la atención a las disparidades nacionales,
regionales y sectoriales con una fuerza multiplicada, definiendo
propuestas y acciones que vayan mas allá de lo que hasta ahora se ha
venido discutiendo, y es en tal sentido que se somete a consideración la
creación del Fondo para LA Corrección de las Asimetrías y Disparidades.
Más allá de las modalidades específicas bajo las cuales pudiera
aprobarse la puesta en marcha de este Fondo, la creación de un mecanismo
con los objetivos generales que se han señalado constituye una necesidad
insoslayable, para que el ALCA efectivamente contribuya al desarrollo de
la producción y la competitividad de los países participantes en función
de lograr la mejoría de las condiciones de vida de la mayoría de la
población en nuestros países.
Víctor Alvarez R.
Viceministro de Industria
Jefe de la Delegación de Venezuela
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1
Una importante contribución para fundamentar las reflexiones de la
delegación de Venezuela en materia de propiedad industrial la
encontramos en los documentos elaborados por Edgardo Lander: “Los
derechos de propiedad intelectual en la geopolítica del saber de la
sociedad global” y “Notas sobre los procesos de negociación de acuerdos
de libre comercio en América Latina hoy”.
2
ALCA: Sexta Reunión de Ministros de Comercio del Hemisferio.
Declaración Ministerial. Buenos Aires, Párrafo 5, Argentina, 7 de
abril de 2001.
3
Idem, Párrafo 6.
4
ALCA: Declaración Ministerial de Quito. Séptima Reunión de Ministros
de Comercio del Hemisferio, Párrafo 12, Ecuador 1 de noviembre de
2002.
5
Dicho Grupo fue instaurado en la Cuarta Reunión Ministerial de Comercio
de Las Américas, llevada a cabo en San José, Costa Rica, el 19 de Marzo
de 1998. Según el párrafo 13 de dicha Declaración, sus funciones son:
a) seguir el proceso del ALCA, evaluando las inquietudes e intereses de
las Economías más Pequeñas; b) elevar a la consideración del Comité de
Negociaciones Comerciales los temas de interés para las economías más
pequeñas y hacer las recomendaciones para abordar estos temas. |
países
