Como ya lo planteamos en la Reunión Ministerial de Quito, en Venezuela hay una creciente preocupación y conciencia sobre los potenciales efectos del ALCA en los ámbitos económico, político, ambiental, cultural, laboral y de derechos humanos.

La trascendencia de las decisiones que de cara al ALCA se tomen, obligan al Gobierno de Venezuela a mantener informados a nuestros ciudadanos acerca de las implicaciones de los asuntos que están siendo negociados en el ALCA. Este es un mandato del Artículo 73 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) el cual indica que “Serán sometidos a referendo (...) los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales (...)”.

Para Venezuela, el ALCA no es sólo un acuerdo comercial. Si bien el objetivo es crear una Zona de Libre Comercio, no deja de ser menos cierto que en los diferentes grupos de negociación lo que está planteado es el establecimiento de un orden legal e institucional supranacional que finalmente terminaría por prevalecer sobre el que actualmente rige en nuestro país. De allí que el pleno conocimiento de las implicaciones sobre la soberanía nacional de los asuntos que se negocien en el ALCA sea para nuestro país un tema de crucial importancia. De hecho, el Artículo 153 de la CRBV plantea que “(...) Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna”. Según como se suscriba el ALCA, nuestro país puede verse ante la circunstancia de “constitucionalizar” este Acuerdo. En consecuencia, por sus implicaciones sobre la soberanía y la democracia, el Gobierno Nacional está obligado a someter todo lo relacionado con esta materia a una consulta nacional.

Por todas estas razones, nos sigue preocupando la forma como se han realizado hasta ahora las negociaciones. Extrañamos en el CNC las necesarias decisiones y acuerdos que faciliten ampliamente y de manera transparente la información a nuestros ciudadanos sobre las implicaciones del ALCA. A medida que se avanza en las negociaciones se hace más urgente y necesario garantizar una amplia y masiva difusión sobre las implicaciones de todos y cada uno de los asuntos que se discuten en los grupos de negociación.

Es necesario recordar que en la Cumbre Presidencial de Québec del año 2001 se afirmó la voluntad de garantizar la transparencia del proceso de negociación. Las demandas formuladas por las organizaciones sociales de todo el continente nos recuerdan que ha llegado el momento de hacer efectivo ese compromiso. Incluso, en esa oportunidad, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, manifestó su reserva sobre las fechas previstas para concluir las negociaciones y dar inicio al ALCA, entre otras razones porque la divulgación de la información y el debate público requieren más tiempo.

Es necesario reconocer que las negociaciones del ALCA se fundamentan en un conjunto de supuestos teóricos y políticos que no han sido discutidos con suficiente profundidad entre nuestros ciudadanos y sus respectivas organizaciones sociales y empresariales. Por lo tanto, no pueden necesariamente asumirse como resultado de un pleno consenso entre todos. Esta y otras razones llevan al gobierno venezolano a plantear la conveniencia de volver a colocar en debate algunos de estos asuntos de orden doctrinario fundamental en la definición del ALCA.

En primer lugar, la crisis que ha vivido Venezuela desde el golpe militar del 11 de abril del año 2002, ha permitido revalorar la extraordinaria importancia de que los Estados puedan contar con un amplio espectro de políticas públicas para responder tanto a situaciones de crisis (sea ésta una crisis ambiental, política, económica), como para estar en capacidad de asumir los retos y exigencias de un desarrollo nacional equitativo y sostenible. Los compromisos y disciplinas del Tratado limitarían severamente la posibilidad del ejercicio soberano, democrático, de muchas de estas políticas públicas en función de los intereses nacionales. Particularmente severas podrían ser las implicaciones de la prohibición de los requisitos de desempeño, la limitación al uso del instrumento de las compras gubernamentales con el fin de promover objetivos de desarrollo nacional, la liberalización de toda el área de los servicios públicos -que dificultaría en el caso venezolano el cumplimiento con las obligaciones constitucionales del Estado con sus ciudadanos en áreas críticas de política social y acceso a servicios públicos-, o el tema de las normas que se discuten en torno a la liberalización de la actividad agrícola, lo que igualmente pondría obstáculos a la posibilidad de cumplir con el mandato constitucional del impulso de políticas orientadas a garantizar la seguridad alimentaria de la población.

Un caso patético de cuanto aquí afirmamos lo constituye el reciente sabotaje a PDVSA –la industria petrolera nacional-. Esta acción no fue más que la violenta reacción de la aristocracia petrolera ante la decisión del gobierno venezolano de reivindicar el control sobre nuestra principal industria. En otras palabras, la apertura y liberalización de PDVSA significó la entrada anticipada de Venezuela a la propuesta de un mundo global plenamente liberalizado. Anteriores gobiernos llevaron a Venezuela a la OMC sin reservar ningún derecho especial con respecto a su petróleo. De acuerdo a la visión que gobernaba PDVSA y que finalmente pudo ser derrotada, la única ventaja de poseer recursos naturales debía limitarse a atraer inversiones y no la de ser una fuerza motriz propulsora del desarrollo económico y social de la nación. Desde este enfoque, PDVSA se abrió al capital transnacional y de manera acelerada renunció a hacer uso de su extraordinaria capacidad de compras para asegurarle mercados a la industria nacional, la cual se vio desplazada como el principal proveedor de esta industria. Por si fuera poco, la apertura petrolera vino acompañada de una renuncia al anterior derecho a exigir a los inversionistas extranjeros la transferencia de tecnología, la asistencia técnica y la formación de recursos humanos. Así pues, la industria petrolera dejó de ser la poderosa locomotora que hace apenas unos años impulsaba el desarrollo nacional. Las crecientes inversiones extranjeras y los incrementos en las exportaciones finalmente no se tradujeron en los encadenamientos sectoriales que ejercieran un poderoso efecto multiplicador sobre el crecimiento y desarrollo del aparato productivo. Nos preocupa entonces que los acuerdos a los que finalmente se llegue en las mesas de inversión o compras del estado, para sólo citar un par de ejemplos, signifiquen que Venezuela deba renunciar definitivamente a estas palancas de desarrollo nacional.

En segundo lugar, en reiteradas Declaraciones Ministeriales en el contexto de las negociaciones del ALCA se ha afirmado y ratificado el compromiso de realizar consultas que permitan una amplia participación de la sociedad civil en el proceso de negociaciones del Tratado. En la Declaración Ministerial de Quito se acordó que “las opiniones expresadas (por la sociedad civil) constituyen una valiosa contribución a las negociaciones”. Ser consecuente con estas resoluciones significa asumir la disposición de colocar en debate precisamente aquellos asuntos que las organizaciones y movimientos sociales han venido formulando en los últimos años.¹ En general las críticas y observaciones de las organizaciones y movimientos sociales y políticos del conjunto del continente desde el Cono Sur hasta Canadá, se han referido a asuntos sustantivos de las orientaciones generales del tratado en proceso de negociación. Se ha destacado en forma reiterada el desbalance existente en el Tratado entre la protección de los derechos mercantiles y comerciales, y la protección de los derechos humanos, laborales, culturales, ambientales, de género, e incluso de los derechos democráticos.

Como se señala más abajo, sólo hace muy poco ha comenzado, con mucha timidez, un proceso de divulgación del contenido del tratado y el llamamiento a la participación de la sociedad civil en las discusiones del ALCA. No tendría mucho sentido este llamado si todas las orientaciones políticas básicas estuviesen ya decididas y lo que restase por negociar fuesen sólo acotados asuntos técnicos.

Conforme al párrafo 23 de la Declaración de Quito con este documento, Venezuela busca aprovechar la oportunidad para presentar sus puntos de vista generales sobre el estado global de las negociaciones.

Por último, el ALCA, como proceso de negociación ha sido definido como un “compromiso único comprensivo”, que se negocia por consenso. Esto quiere decir que los temas que ya se han discutido, no han sido acordados en forma definitiva hasta que se concluyan las negociaciones del conjunto del texto del tratado. En la medida en que se avanza en las negociaciones, podrán hacerse visibles temas y asuntos que no necesariamente se debatieron con la debida profundidad en su consideración inicial, o cuyas implicaciones a mediano y largo plazo no estaban suficientemente claras para los representantes de los países que participan en la negociación. A esto contribuye el hecho de que las negociaciones se han realizado en forma fragmentada, por la vía de diversos capítulos del Tratado, lo que ha hecho difícil para los países con una capacidad e institucionalidad de negociación más débil, hacer un seguimiento de conjunto de las implicaciones de todo el proceso.

Es en este espíritu que Venezuela quiere dejar constancia de algunos de los temas que considera que deben ser mantenidos abiertos a la discusión.

El reto principal que tienen los países de América Latina y el Caribe es el de la superación de la pobreza y de las profundas desigualdades que hacen de éste, el continente más inequitativo del planeta. Todo programa para el futuro de América Latina y el Caribe tiene que tener como orientación prioritaria el tema de la pobreza y el logro de un desarrollo ambientalmente sostenible. Nada garantiza que la sola liberalización a escala hemisférica de las inversiones y de los movimientos del capital permitirán la extensión del bienestar a todos los pueblos.

La evidencia parece sugerir lo contrario: en las últimas dos décadas se ha producido un acelerado proceso de liberalización y desregulación a escala planetaria. Simultáneamente se han acentuado las desigualdades tanto al interior de los países como entre los países. Como lo señala el economista Dani Rodrik, profesor de la Universidad de Harvard:

“Los principios del Consenso de Washington no constituyen una guía útil para promover el crecimiento económico en América Latina.”

“Los períodos de crecimiento económico no tienen relación con las políticas de integración a la economía mundial” ²

La experiencia de las últimas décadas en el continente sugiere que no son precisamente las políticas liberalizadoras orientadas por el Consenso de Washington las que más favorecen el crecimiento económico. El crecimiento económico anual promedio del continente durante las décadas de los 60 y los 70, período en el cual se aplicaron políticas de desarrollo y de sustitución de importaciones, fue muy superior a los niveles de crecimiento promedio desde que se generalizaron las políticas de ajuste estructural, las liberalizaciones y los modelos de crecimiento hacia afuera. “Entre 1960 y 1980 se registró un crecimiento sostenido, a ritmo promedio de 2,9% anual; entre 1980 y 1990 los países de la región tuvieron un crecimiento negativo, de –0,8% anual, y finalmente a partir de 1990 se reanudó el crecimiento económico, a un ritmo promedio de 1,6% anual.”³

Hay un consenso creciente -incluso en muchas investigaciones de organismos financieros internacionales e interamericanos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo- en el sentido de que el mercado solo no es capaz de garantizar ni el crecimiento, ni la superación de la pobreza, ni el logro de la equidad. Es necesario re-introducir el tema del papel del Estado y de las políticas públicas como condiciones sin las cuales no sería posible alcanzar la meta deseada de un desarrollo equitativo, democrático y ambientalmente sostenible. En la concepción que ha servido de fundamento a todas las negociaciones del ALCA ha prevalecido un fuerte sesgo ideológico que en todo caso considera preferible el mercado a la acción estatal, sin tomar en cuenta lo que ha sido la experiencia en el continente, y sin considerar las formas en las cuales el Estado ha intervenido en todas las experiencias históricas de desarrollo capitalista consideradas como exitosas. El tema de las relaciones entre mercado y Estado no es un asunto que se pueda resolver de una vez por todas, para todas las futuras situaciones y todas las coyunturas en base a supuestos teóricos o políticos generales. La pertinencia de mayores o menores niveles de regulación o intervención estatal es un tema abierto que tiene que decidirse de acuerdo a condiciones que están cambiando permanentemente, y en función de las opciones políticas por las cuales voten los electores a partir de la evaluación de las orientaciones programáticas ofrecidas por los diferentes candidatos y partidos. Es esta posibilidad de opción una condición sin la cual difícilmente podríamos hablar de democracia. Las políticas de liberalización y ajustes estructurales no pueden, por lo tanto, establecerse como compromisos inamovibles a largo plazo. Esto significaría un acotamiento extraordinariamente severo a los márgenes futuros de la política democrática.

Todos los países de América Latina se encontrarían en condiciones de vulnerabilidad creciente en un contexto internacional cada vez más inestable, con la existencia de severas limitaciones e incluso prohibiciones precisamente al tipo de políticas públicas que permitirían responder ante estas cambiantes condiciones.

Las negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas se inician con la existencia de abismales diferencias no sólo entre los tamaños de las economías, sino igualmente extraordinarias diferencias en los niveles de desarrollo. Uno de los objetivos principales que debería tener un proyecto de integración exitoso, tal como lo ha demostrado la experiencia de la Unión Europea, es que la integración permita dar pasos sólidos hacia significativas reducciones de estas inmensas desigualdades inicialmente existentes. Esto requiere el establecimiento de compromisos firmes -con procedimientos que garanticen su cumplimiento- para que la operación del Tratado contribuya en forma efectiva a la reducción de estas desigualdades.

El tema de las profundas desigualdades a partir de las cuales se inicia el proceso de negociaciones del ALCA ha sido reconocido una y otra vez en los documentos de las Cumbres Presidenciales y Reuniones Ministeriales. En la Declaración Ministerial de Quito, se dice:

“Reafirmamos nuestro compromiso de tomar en cuenta al discutir el ALCA, las diferencias en los niveles de desarrollo y el tamaño de las economías del Hemisferio, para asegurar la plena participación de estas economías en la construcción y los beneficios resultantes del Acuerdo.”

Sin embargo, las medidas que han sido discutidas bajo el formato de trato preferencial, o bajo la categoría de pequeñas economías, no permiten dar cuenta, ni ofrecer orientaciones de políticas capaces de contribuir en forma efectiva a una significativa reducción de esas profundas disparidades. No se trata principalmente de economías grandes y pequeñas, sino de estructuras económicas muy diferenciadas. Las medidas a las que se ha prestado más atención se han limitado al fortalecimiento de la capacidad técnica de los países para abordar las negociaciones del ALCA, pero nada se ha decidido aún sobre las necesarias y urgentes medidas que hay que aplicar para reducir y eliminar los profundos desequilibrios existentes entre nuestros países. Si no se concretan las acciones necesarias para mejorar las condiciones del entorno social y productivo, países muy desiguales serían tratados como iguales y se verían obligados a competir bajo las mismas reglas a pesar de sus rezagos y debilidades. Se impone, entonces, la necesidad de avanzar de las medidas de asistencia técnica y de la ampliación de plazos para el cumplimiento de los compromisos y disciplinas del ALCA hacia la creación de los mecanismos y fondos que se requieren para corregir las asimetrías y disparidades entre los países que actualmente negocian el acuerdo.

En el marco del Programa de Cooperación Hemisférica es mucho más lo que puede y debe hacerse. Limitarse a medidas de asistencia técnica para que los países estén en condiciones de participar en las negociaciones no es la respuesta adecuada a la brecha que separa a los países débiles de los poderosos. Un trato de iguales a economías profundamente desiguales no puede sino favorecer a los más fuertes a costa de los más débiles. Ni asistencia técnica para la adaptación, ni plazos de unos cuántos años responden a estos problemas. Esto es particularmente preocupante en vista de que en la definición de los “Objetivos y Principios Generales” de la negociación⁴ del Tratado se establece que “Los derechos y obligaciones del ALCA deberán ser comunes a todos los países.” Esto implica la exigencia de un principio de reciprocidad entre economías y agentes económicos profundamente desiguales.

Para avanzar en la reducción de estas profundas desigualdades, es indispensable encarar este reto y asumir compromisos firmes que necesariamente exigirán una significativa transferencia de recursos desde los países más ricos a los países más pobres. El libre mercado para los países más débiles no depende sólo de medidas para reducir el arancel. También depende de las inversiones en la mejora de las condiciones de su entorno productivo y social, así como de los cambios en las condiciones de competencia imperantes en los principales mercados del Hemisferio. Venezuela sabe que en ellos aún existen enormes barreras a sus exportaciones. De allí que la voluntad sincera para resolver los asuntos relativos al acceso de los países en desarrollo a los diferentes mercados plantea como tarea ineludible la corrección de las disparidades y el cambio en las condiciones de la competencia. En los principales mercados aún rigen políticas de apoyo a la producción, medidas contingentes de protección, así como exigentes barreras técnicas que impiden el acceso de los países más débiles. Y el libre comercio -entendido en estos términos y practicado en condiciones desventajosas- sólo beneficia a los países de mayor grado de industrialización y desarrollo.

Desde nuestra perspectiva, un Área de Libre Comercio será una oportunidad para todos si y sólo si las principales potencias del hemisferio comparten los costos políticos, económicos y financieros de abrir espacios para el esfuerzo productivo de los países más débiles. En este sentido, la creación de los Fondos Compensatorios destinados a financiar los proyectos en infraestructura y servicios para disminuir las asimetrías y desigualdades entre países, es una condición imprescindible para evitar que una Area de Libre Comercio sea un espacio en el que ganan unos y pierden muchos.

Hacemos énfasis en que una Zona de Libre Comercio no se crea por el sólo hecho de eliminar el arancel. La convergencia estructural, legal y económica es imprescindible para asegurar que el ALCA sea una alianza ganar-ganar. Una Zona de Libre Comercio que sea para todos la oportunidad que se pregona dependerá de la solidaridad. Las principales potencias del continente deben apoyar la creación de estos fondos de convergencia. De esta forma se podrían armonizar las políticas de libre comercio con los intereses nacionales.

Una y otra vez en las declaraciones presidenciales y ministeriales sobre el ALCA se han establecido mandatos y compromisos de transparencia en relación con el proceso de las negociaciones. La transparencia en el proceso de negociaciones es una condición sin la cual no sería posible la participación de la sociedad civil en el seguimiento del proceso. Sin embargo ha sido hasta el momento muy limitada la transparencia. Sólo después de una insistente presión por parte de organizaciones de la sociedad civil de todo el continente, fue dado a conocer el primer borrador de las negociaciones en junio del año 2001, después de varios años de negociación. El segundo borrador se dio a conocer en noviembre del año 2002. Estos borradores, brindan a las sociedades una limitada capacidad de debatir sobre lo que ocurre en las negociaciones del ALCA. La abundancia de corchetes, sin que sea posible saber cuáles son los países que introducen cada corchete, hace que le sea imposible a la población de cada uno de los países el conocimiento de cuáles son las posturas de negociación de sus respectivos gobiernos. Esto le otorga un alto grado de discrecionalidad a los representantes de los gobiernos en las mesas de negociación convirtiendo, de hecho, las posturas de estos representantes en secretos que niegan de antemano toda posibilidad de debate público informado, democrático.

Sólo mediante un proceso de negociaciones efectivamente transparente al conjunto de la sociedad, a los sectores empresariales, a los trabajadores, a las organizaciones indígenas, de mujeres, culturales, ambientales, a los partidos políticos, al parlamento, a la prensa, podremos afirmar que estamos avanzando en la dirección de un proceso de integración que pueda caracterizarse como democrático. En el caso venezolano, de acuerdo a lo previsto en el artículo 73 de la Constitución, Referendos en Proyectos de Leyes y en Materia Nacional, el Gobierno Nacional realizaría un referéndum sobre el ALCA antes de aprobar o ratificar el Tratado.

Una mayor transparencia, el acceso pleno de las sociedades a toda la información y el debate público sobre las negociaciones del ALCA, necesariamente exigirían otros cronogramas de negociación. Son estos los costos necesarios de la democracia. El acelerado proceso de reuniones y negociaciones que se lleva a cabo en la actualidad y la búsqueda de concluir estas negociaciones a más tardar a finales del año 2005, niega tanto la posibilidad de una negociación transparente como la posibilidad de que sectores sociales y la sociedad en su conjunto sean consultados antes de tomarse decisiones de consecuencias tan profundas como las que estarían implicadas en los actuales borradores del ALCA.

La exigencia de la democracia y de la transparencia, del acceso a la información y del derecho a la participación en el proceso de toma de decisiones en torno al ALCA, tiene su fundamento principal en el hecho de que el Tratado es mucho más que un acotado acuerdo comercial. Abarca, por el contrario, el más amplio espectro de la vida colectiva en sus dimensiones institucionales, políticas, sociales, culturales. Esta amplia cobertura está definida en términos precisos en uno de los Principios Generales establecidos desde la Cuarta Reunión Ministerial de comercio de las Américas. Este principio dice lo siguiente:

“Todos los países deben asegurar que sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén conformes con las obligaciones del acuerdo del ALCA”.

En otras palabras, se trata de la exigencia de un rediseño político-institucional de la estructura de los Estados, lo cual requeriría en muchos casos -es esa la situación venezolana- de importantes cambios constitucionales. Siendo esto así, no puede seguirse negociado como si se tratase sólo de unas negociaciones comerciales en las cuales sólo participan expertos y especialistas en las diversas áreas del derecho mercantil y el derecho internacional. Unas negociaciones democráticas tienen que incorporar en forma efectiva a todos los sectores de la población del continente, ya que todos los sectores serían en alguna medida afectados por los acuerdos que se están negociando.

En la Declaración Ministerial de Quito, se reitera que la “negociación del ALCA tomará en cuenta la amplia agenda social y económica contenida en las Declaraciones y Planes de Acción de Miami, Santiago y Ciudad de Québec, con el objeto de contribuir a elevar los niveles de vida, incrementar el empleo, y mejorar las condiciones laborales de los pueblos de las Américas, mejorar los niveles de salud y educación y proteger mejor el medio ambiente.” Sin embargo, como ya se señaló arriba, hay un gran desequilibrio entre los compromisos y disciplinas de naturaleza mercantil que se establecen en el texto de los diferentes capítulos del Tratado, y los compromisos que se adquieren en los terrenos de los derechos humanos, laborales, culturales y ambientales. Hay igualmente un total desequilibrio entre los derechos de los inversionistas y los derechos de los Estados.

Todos los países que participan en las negociaciones del ALCA son firmantes de una amplia gama de acuerdos y tratados internacionales cuya finalidad es precisamente la protección de derechos humanos y la protección ambiental. Como lo ha demostrado ya la experiencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en ocasiones los compromisos asumidos por un país en un nuevo tratado o acuerdo bilateral, multilateral o global pueden entrar en tensión o contradicción con otros acuerdos previamente firmados y ratificados. El ALCA no es un tratado de derechos humanos, laborales, culturales o ambientales. Pero es indispensable garantizar que los compromisos que se adquieran con la firma de este Tratado no pongan en peligro los compromisos previamente adquiridos por todos nuestros países en relación a esos otros tratados. Esto es particularmente preocupante dado que en general los tratados de libre comercio, como ha sido el caso del TLCAN, tienen previstos mecanismos mucho más efectivos para garantizar su cumplimento -mediante fuertes sanciones- que lo que es el caso en los acuerdos y tratados de derechos humanos, laborales, culturales y ambientales. Esta capacidad de garantizar cumplimiento a las normas es igualmente característica de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

Proponemos por lo tanto que en forma conjunta con las principales organizaciones indígenas, sindicales, campesinas, de derechos humanos, de derechos de los emigrantes, etc. de todo el continente, se constituya un Grupo de Negociación, con apoyo técnico y financiero de la OEA, el BID y la CEPAL, con el fin de realizar una evaluación exhaustiva de los compromisos que tienen los Estados del continente por la vía de los tratados de derechos humanos, ambiente, género, laborales, derechos culturales, etc., y sus potenciales tensiones con los compromisos que los Estados del continente adquirirían con la firma del ALCA en su versión actual.⁵

Este grupo debería igualmente abordar la evaluación de los textos constitucionales, leyes, normas y procedimientos existentes en cada uno de los países para tener claro exactamente cuáles son los compromisos de cambio jurídico-político que se están adquiriendo cuando se negocia un tratado que tiene como criterio el que:

“Todos los países deben asegurar que sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén conformes con las obligaciones del acuerdo del ALCA”.

En ausencia de este trabajo, los países estarían negociando parcialmente a ciegas, sin tener plena conciencia de exactamente qué implicaciones tiene lo que se está negociando. Sin esta información organizada en forma sistemática, resultaría en extremo difícil la realización de un debate público y un proceso de toma de decisiones efectivamente informado y democrático en todo el continente.

Finalmente, para disponer del margen de tiempo necesario que permita a nuestros países informar y debatir ampliamente las implicaciones y consecuencias de todos estos importantes asuntos relacionados con las negociaciones del ALCA y, sobre esta base, poder crear las condiciones y fortalezas necesarias para aprovechar las oportunidades y encarar las amenazas inherentes a este proceso, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela insiste nuevamente en la necesidad de discutir la viabilidad y conveniencia de:

1. Crear el Grupo de Negociación sobre los Fondos Compensatorios, con el mandato de diseñar mecanismos que hagan posible que con la firma del Tratado se adquieran compromisos firmes que garanticen una reducción significativa de las diferencias en los niveles de desarrollo entre naciones y entre sectores productivos, con metas sociales y económicas precisas, plazos bien establecidos y mecanismos de seguimiento.

2. Crear un Grupo de Negociación sobre las relaciones de los compromisos del ALCA con los compromisos adquiridos por algunos o todos los países en otros tratados en todo el espectro de los derechos humanos y el derecho ambiental, así como con las constituciones y regímenes jurídicos de cada uno de los países participantes en las negociaciones. Este grupo debe tener como mandato una amplia participación de organizaciones y movimientos sociales de todo el continente, así como de organizaciones internacionales e interamericanas dedicadas a estos asuntos (ONU, OIT, OMS, etc.). Igualmente, debe tener el mandato de velar por que los valiosos avances del derecho internacional en los ámbitos de los derechos humanos y el derecho ambiental no resulten debilitados por los acuerdos del ALCA.

3. Iniciar una amplia y masiva difusión de todos los borradores y textos de negociación del ALCA para garantizar la plena transparencia de todo el proceso con el fin de que las propuestas de las organizaciones sociales, productivas, políticas, laborales, indígenas, etc. sean efectivamente consideradas e incorporadas en los textos del Acuerdo.

4. Prorrogar las fechas de fin de las negociaciones e implementación de los acuerdos hasta tanto se haya dado una respuesta y solución eficaz a la problemática de las asimetrías y disparidades entre los países y se haya asegurado una amplia base de apoyo social y político para la aprobación e implementación del ALCA.

Agradeciendo altamente a los delegados a este CNC su voluntad y disposición de atender y considerar esta solicitud democrática de nuestro pueblo y nuestro gobierno, los saluda:
 

Atentamente,

Puebla, México, 8 de abril de 2003