No hay duda que la Globalizacion, el Medio Ambiente y el Comercio Internacional constituyen tres aspectos de la realidad estrechamente vinculados, a pesar de su aparente autonomía.

La globalizacion es un proceso de transformación del orden mundial mediante el nacimiento de nuevos núcleos de poder y el avance tecnológico que estimula el intercambio de bienes y servicios, y tiende a exacerbar la concentración de la riqueza corporativa de los países del Norte y la pobreza y pérdida de soberanía de los Estados del Sur.

No intento criticar per se los efectos sociales de la mundialización de la economía, sino su orientación institucionalizada actual, por medio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), la cual, de manera monopólica y antidemocrática, fija las políticas y reglas del comercio internacional. Bajo el imperio de la OMC, los Estados han empezado a ceder parte de su soberanía política y económica para permitir el acceso ilimitado a los mercados y recursos naturales de los países del tercer mundo.

Si bien es erróneo sostener que los acuerdos multilaterales de libre comercio siempre poseen efectos negativos para las personas y el medio ambiente, mi denuncia se dirige más bien al énfasis y priorización y no al proceso en si mismo. En efecto, internacionalmente se destinan ingentes medios y personas para liberalizar el comercio, sin embargo, se postergan consensos internacionales previos y esenciales como la protección de la salud, el fomento de la educación, la asistencia y cooperación técnica, la conservación de los recursos naturales, el desarrollo sustentable y la consolidación de la democracia.

Existen en la agenda internacional problemas de definiciones y objetivos. Los seres humanos, nos hemos transformado en “nuevos mercados”, y luego, en sujetos de derechos y obligaciones. Ello explica las prioridades multilaterales de los estados que participan en el proceso del ALCA en orden a lograr acuerdos, primeramente, sobre liberalización comercial, sin evaluar previamente los impactos sociales y ambientales de la liberalización e integración económica.

En este contexto, me ha informado por carta³ el Director General de Relaciones Económicas Internacionales del Gobierno de Chile, don Osvaldo Rosales Villavicencio, que la evaluación del impacto social y ambiental en las negociaciones del ALCA ha sido un tema permanentemente discutido por los diversos representantes de los países del hemisferio, pero que “Chile es el único país de América Latina dispuesto a conversar estos temas”. Ello habla bien de las intenciones de la Dirección Económica de Chile (DIRECON), pero mal de los restantes gobiernos de Latinoamérica Latina y el Caribe.

En relación al tema, existen iniciativas destacables de la presente administración Clinton pero con ejemplos de implementación cuestionables. En efecto, es cierto -como afirma el Sr. Rosales en su carta- que la administración de los Estados Unidos de América, a través de una Executive Order⁴, fijó un expreso mandato a los negociadores de futuros acuerdos comerciales de realizar estudios de evaluación ambiental de los mismos. Efectivamente dicho mandato incluye nuevos requisitos que deben cumplir los negociadores, los que, en resumen, son pautas para la recopilación de antecedentes y evaluación del impacto ambiental de las potenciales negociaciones comerciales, desde el inicio de las conversaciones.

Así, un estudio emitido en el mismo mes y año sobre Liberalización Acelerada de Aranceles en el Sector de Productos Forestales⁵ emitido por el Dpto. de Representantes de Comercio de EEUU y el Consejo de Calidad Ambiental de la Casa Blanca, realizó una evaluación del aumento de los impactos económicos y ambientales producto de cambios en los plazos y ámbito de la reducción de los aranceles para productos forestales, denominada Accelerated Tariff Liberalization initiative (ATL) o iniciativa sobre Liberalización Acelerada de Aranceles (LAA) propuesta entre los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El informe analizó, fundamentalmente, los efectos ambientales sobre los posibles cambios en la cosecha maderera, en los Estados Unidos y el mundo, y además, evalúa los impactos sobre su comercio, producción y consumo. Sus conclusiones indican que la LAA no tendría impactos destacables en la cosecha maderera agregada de EEUU en comparación con la ausencia de su implementación. Sigue el informe señalando que, a nivel global, comparado con la línea de base, los efectos máximos proyectados de la LAA para el año 2010 se traducirían en un incremento agregado del comercio mundial de productos forestales en 2%, la cosecha maderera en 0.5%, y la producción y consumo mundial de productos forestales en menos de 1%.⁶ Es decir, según el informe, el impacto de la implementación de la LLA sería inocuo para el medio ambiente del planeta.

El estudio, si bien pretende evaluar los impactos ambientales en EEUU y el planeta, no entrega un análisis acabado respecto a su relación con la regulación del ciclo del carbono, ni a la producción neta de la vegetación que depende del CO2. Tampoco señala de qué manera el mayor crecimiento y explotación forestal fruto del impacto de la LLA, armoniza fines de conservación de los bosques, o cómo la mayor liberalización de aranceles forestales, aumentará el calentamiento global de la tierra, y cómo pueden establecerse estrategias para una relación positiva entre los bosques y las emisiones de CO2 por motivo de la mayor producción, consumo y comercio que generaría el LAA.

Este reporte del Gobierno de EEUU debe ser revisado por la sociedad civil, los demás países del proceso del ALCA y los organismos multilaterales con competencia en materias de comercio y medio ambiente, por cuanto arroja conclusiones distintas a otras evaluaciones ambientales del planeta. Estimaciones indican que si la tendencia actual de destrucción y comercio de los bosques continúa, en el 2040 aproximadamente el 15% de todas las especies del mundo podrían estar extinguidas (Ehrlich y Wilson, 1991; Reid, 1992). La destrucción de los bosques, al fin y al cabo, también afecta al hombre y destruye sus expectativas de desarrollo. Es innegable la cadena que existe entre producción, comercio y consumo. El comercio no es sino el puente que hay entre la producción y el consumo.

Aún así, es irrefutable el impacto ambiental global que generaría la implementación del LAA. La ausencia de certeza científica absoluta respecto de sus posibles impactos, no le puede servir de argumento al Gobierno de EEUU y la OMC para postergar medidas apropiadas para prevenir la degradación ambiental. Sobre este punto, cabe destacar que, en el ámbito del comercio internacional no debe eludirse la aplicación del Principio Precautorio (The Precautionary Principle), el cual constituye una piedra angular del derecho ambiental internacional .

El comercio internacional de materias primas forestales sigue en ascenso. Se espera que el consumo mundial de papel aumente en un tercio (1/3). Los productos forestales han crecido aún más rápido que su producción misma, triplicándose sólo desde 1970. Si bien el comercio de éstas materias primas ha crecido rápidamente en los países en vías en desarrollo, Canada y USA monopolizan 1/3 del total mundial. Si por vía de la liberalización comercial y aumento de productividad el uso de la madera en los países del Sur se equipara al consumo existente en USA, Europa o Japón, el mundo doblará su consumo actual. USA forma parte del proceso del ALCA.

En este escenario, es urgente que, paralelamente a la liberalización comercial, exista convergencia sobre un manejo forestal sustentable y patrones de consumo sostenibles.⁷ El incremento del comercio internacional por efecto del ALCA debe asegurar la conservación de la diversidad biológica, la mantención de la capacidad productiva y salubridad de los ecosistemas forestales, la conservación de los recursos suelo y agua, y la contribución de los bosques al ciclo del carbono.

Por otra parte, preocupa a la sociedad civil de América la falta de medidas concretas para detener la polarización social entre los países ricos y pobres, por efecto de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. De acuerdo a datos estadísticos por la OECD y el PNUD para 1996 en los últimos 30 años el 20% más rico del planeta ha aumentado del 70% al 85% su participación en la renta mundial, mientras que el 20% más pobre la ha disminuido del 2,3% al 1,4%.⁸

Desde otro ángulo, el crecimiento de los países en vías en desarrollo ha sido a expensas de su capital natural. Un ejemplo es nuestro país. Su estabilidad democrática y estrategia de inserción comercial internacional le permiten exhibir logros importantes en apertura de mercados y gobernabilidad, pero escasos resultados para consagrarnos como un país que ha superado la primera fase exportadora de su modelo de desarrollo.

Hace ya 20 años que Chile depende casi exclusivamente de la explotación de recursos naturales para sostener su crecimiento económico.⁹ La política económica se ha centrado en acelerar las tasas de productividad, ignorando que el desafío del desarrollo no está relacionado con la rapidez con que nuestros países crecen, sino con el nivel de bienestar social que podemos alcanzar al crecer con mayor velocidad.

Nuestro política comercial a través de su modelo exportador, en su actual estructura, no pone el acento en la senda del desarrollo sustentable. Esta afirmación reviste el carácter de grave cuando nos referimos al uso y aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica.

Si el fin último de la integración económica del continente no es sino un medio para lograr mejores condiciones de vida para todos sus habitantes presentes y futuros: ¿No indica el sentido común que deben revisarse los procesos de integración multilaterales o regionales, si las cifras citadas del PNUD, apuntan a una acentuación de la polarización entre naciones ricas y pobres?.

Es en este punto donde la ligazón entre globalización, medio ambiente y comercio internacional cobra mayor fuerza a través de la búsqueda del desarrollo sustentable. El preámbulo de los acuerdos de la OMC exhorta a todos sus miembros a promover un comercio que permita un óptimo uso de los recursos del planeta de conformidad con el fin del desarrollo sustentable, protegiendo y preservando el medio ambiente. En este sentido, la liberalización del comercio, las políticas de competencia, el comercio electrónico, las compras del sector público y las normativas de propiedad intelectual en el proceso del ALCA, no son fines en sí mismos, sino que deben constituir vehículos para alcanzar el desarrollo sostenible. Para alcanzarlo, el proceso del ALCA, deben seguir dos principios rectores, hoy ausentes del comercio internacional, sea éste bilateral, regional o multilateral.

a) Comercio Internacional y Eficiencia Económica.

En primer lugar, a menudo se ha señalado que el comercio internacional promueve el desarrollo sustentable mejorando la eficiencia. Esta -se ha dicho- permite producir más bienes con menos medios. De esta forma se reduciría el uso de los escasos recursos del planeta. El postulado afirma que la eficiencia es promovida a través de la liberalización del comercio en, al menos, 3 formas: promueve la especialización de acuerdo a las ventajas comparativas; estimula las economías de escala, y la competencia la cual actúa como catalizador de la innovación y el crecimiento productivo. No obstante, dicho postulado económico muestra sus falencias respecto a la conservación del capital natural.

Para una mayor eficiencia del comercio en América es necesario previamente estabilidad democrática; transparencia y ética en la gestión pública; acceso de los consumidores a la información y a la justicia; y un marco jurídico-económico apropiado y eficaz para obtener la internalización total de los costos; para manejar las fallas del mercado; para obtener el valor real del uso de los recursos como los bosques, las aguas, los recursos acuícolas, y sus respectivos derechos de propiedad que promuevan el uso efectivo y no la especulación de mercado.¹⁰ Este axioma económico y su aplicación práctica constituye actualmente la excepción en lo que se refiere al uso y gestión del capital natural en los países de América, y muy especialmente en el caso de Chile. El precio adecuado no constituye la norma, y las fallas del mercado, promovidas por la liberalización comercial, son traspasadas del mercado nacional al internacional, promoviendo la ineficiencia socioeconómica y la degradación ambiental.

Una ejemplo ha sido expuesto muy recientemente por el economista chileno Marcel Claude, quien respecto a la industria acuícola chilena ha demostrado que los costos ambientales de dicha actividad, producto de las emisiones de nutrientes al ambiente, no han sido asumidos, pero que en el futuro serán pagados por las propias empresas, por actividades económicas alternativas y por la sociedad en su conjunto. La no internalización de los costos implicaría en el mediano plazo -según el autor- el estancamiento del sector y posterior reducción de la actividad, como también el deterioro irreversible del medio acuático.¹¹

De otra forma, lo que el comercio internacional en su actual estructura está promoviendo es la ineficiencia económica. Ello significa consumir todo nuestros recursos naturales hipotecando la disponibilidad y compra de bienes y servicios futuros. Estamos creando una deuda que a través del principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, los países como Estados Unidos y CEE deben pagar desde ahora a través de la cooperación internacional a los países que carecen de ellos, como es el caso de la mayoría de los países latinoamericanos, miembros del ALCA.

Otro aspecto importante de la eficiencia es lograr una mejor protección del medio ambiente a través de la aplicación efectiva de la legislación y su cumplimiento. Ante ello, cabe preguntarse: ¿Cuál es la capacidad real de los Estados de América Latina y el Caribe para hacer cumplir la legislación ambiental?. ¿Cómo se cumplen los fines de eficiencia y eficacia del derecho a través de la coercibilidad o enforcement?.

En Chile existe un alto grado de dispersión, superposición y obsolescencia de muchas disposiciones ambientales, una gestión administrativa anquilosada, pero el mayor problema lo constituye la falta de ejecución eficaz de leyes y reglamentos sobre preservación, protección y conservación de la diversidad biológica.¹² Se advierte en algunas regiones¹³ del sur de Chile bajos niveles de fiscalización. Además, existen omisiones graves relativas a la implementación y aplicación efectiva de normas de protección del bosque nativo e institucionalidad forestal que violan el mandato de la Constitución de la República de Chile.¹⁴

El gobierno y parlamento de Chile deben reconocer la irresponsable falta de voluntad política para aprobar la ley sobre protección del bosque nativo después de 8 años de tramitación desde su envío al Congreso.¹⁵ Ello no sólo constituye una hecho vergonzoso ante la comunidad nacional sino que una amenaza para la conservación y uso sostenible de los bosques del país. Por otra parte, a mi juicio, es una violación abierta a la Convención Mundial sobre Diversidad Biológica¹⁶ y al Acuerdo de Cooperación Ambiental Canadá-Chile.¹⁷

b) Comercio, Distribución de la Riqueza y Protección Ambiental

Es cierto que algunos estudios han revelando que al aumentar la riqueza de los países aumenta también la capacidad de protección ambiental. Sin embargo, existe otra arista: la relación entre aumento de la riqueza, el consumo y el deterioro al medio ambiente. El consumo provoca mayor daño ambiental en los países desarrollados que en aquellos en vías de desarrollo. De acuerdo a estimaciones un estadounidense representa el doble del impacto ambiental de un sueco, 3 veces el de un italiano, 35 veces el de un Hindú, 140 veces el de una habitante de Kenia y 280 veces el impacto de un Haitiano.¹⁸

Por otra parte, si existe un aspecto positivo entre la relación de la creación de riqueza y la protección ambiental, el libre comercio debe asegurar su distribución equitativa. No obstante, estudios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señalan lo contrario. En el caso de Chile, el alto crecimiento económico de la década pasada alcanzó una tasa anual promedio de 7% entre 1991 y 1997, no se ha reflejado en un mejoramiento equitativo de las condiciones de vida.¹⁹

Dentro de esta marco, deben revisarse los efectos de los acuerdos del comercio de la OMC para examinar la relación entre aumento de la liberalización comercial versus la distribución del ingreso, y de qué forma, a su vez, esto afecta la capacidad y demanda por protección ambiental.

Más esfuerzos deben desplegarse para implementar los principios de responsabilidades compartidas pero diferenciadas y trato especial y diferenciado que son necesarios para asegurar que el tránsito a una economía sostenible sea justa y equitativa para los países en desarrollo del continente y su fuerza laboral.

Debe proponerse en el marco del ALCA la regulación de la ética de las representantes de empresas y de funcionarios públicos que participen en las negociaciones de transacciones internacionales para combatir la corrupción, la negociación incompatible, el uso indebido de información comercial o económica privilegiada y el tráfico de influencias.

Mayores logros deben concretarse en relación al principio de transferencia tecnológica, mediante la entrega de mayores recursos financieros para América Latina y el Caribe. En este sentido, deben evitarse en nuestro continente todas las formas de apartheid tecnológico. Una buena partida puede gestarse a través de los Acuerdos relativos al comercio relacionado con Derechos de Propiedad Intelectual para asegurar la obtención de tecnología, capacitación e investigación.

II.         Política de Subsidios de la Agricultura y Comercio de Productos Forestales en Chile²⁰

Si bien actualmente existen diversas presiones sobre los ecosistemas forestales de Chile, la principal se refiere a su explotación irracional para satisfacer el consumo internacional. Dicha destrucción es promovida por un subsidio agrícola chileno que promueve la sustitución de bosque nativo por plantaciones exóticas. El subsidio está contenido en el Decreto Ley 701²¹ de 1974, de fomento forestal, instrumento legal del cual las grandes empresas y propietarios forestales compiten en condiciones muy favorables en los mercados internacionales a través de la explotación forestal.²²

La sustitución se ha definido por expertos como la actividad de eliminar la cubierta vegetal nativa generalmente por medio de una tala rasa del bosque con una posterior quema del material leñoso y aplicación de herbicidas. Todo esto con el objetivo de despejar el suelo para el establecimiento de plantaciones con especies exóticas de rápido crecimiento. Los bosques eliminados corresponden generalmente a bosques nativos anteriormente floreados y sobreexplotados o renovales de árboles nativos en diferentes estados de desarrollo.²³

El D.L. 701 tiene por objeto regular la actividad forestal en suelos de aptitud preferentemente forestal y en suelos degradados e incentivar la forestación, en especial, por parte de los pequeños propietarios forestales y aquélla necesaria para la prevención de la degradación, protección y recuperación de los suelos del territorio nacional.

El subsidio incentiva a los pequeños propietarios forestales²⁴ a reforestar, lo cual ha representado un extenso proceso que alcanza a más de dos millones de hectáreas plantadas hasta 1997. Sin embargo ello ha representado, según lo reconoce Aquiles Neuenschwander, del Fondo de Investigación Agropecuaria de Chile²⁵, en “una alta concentración de dichas plantaciones en grandes empresas y, en muchos casos, ha provocado el desplazamiento de numerosos pequeños propietarios que, al vender sus propiedades, emigran a los centros poblados”.

El mismo experto reconoce que “en el período 1975-1994, correspondiente a la vigencia del D.L. 701, los pequeños propietarios han tenido escasa participación en dichos incentivos. Estimaciones de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), señalan que de las 800.000 hectáreas (hás.) forestadas con incentivos hasta ese año, las plantaciones en propiedades de menos de 50 hás, apenas han participado en un 4%”²⁶.

La sustitución por plantación es la causa fundamental de la pérdida del bosque nativo, ubicándose entre un 40 y 70% de la pérdida del bosque. La habilitación de nuevas zonas para la agricultura y la ampliación de la frontera agropecuaria se estima entre un 20 y 40%, los incendios entre un 12 y 17% y la corta ilegal para calefacción entre un 3 o 6%.

Por otra parte, la exportación de astilla del bosque nativo ha significado a partir de 1986 un drenaje constante. Cada año se envían al mercado de Japón más de 2.000.000 de m3 de este molido, lo que afecta el medio ambiente y diversidad biológica de 100.000 hectáreas de bosques nativos anualmente. Este es un comercio internacional que ha crecido de forma dinámica, solamente rentable para no más de 10 empresas grandes que monopolizan el negocio, pero una mala inversión para el país. El impacto sobre el PIB es de un 0.03% cifra que es totalmente irrelevante para la economía.

Chile es el tercer país exportador de astillas del mundo, después de Estados Unidos y Canadá. Estos dos últimos países producen astillas, pero como residuos. Por el contrario, en Chile, vergonzosamente, las astillas son el producto primario del bosque.

Es urgente que durante el proceso del ALCA, que busca la liberalización de los productos forestales, se revise el subsidio forestal expresado a través del Decreto Ley 701 para evaluar sus impactos económicos, sociales y ambientales.

En este marco, diversas organizaciones no gubernamentales de Chile²⁷ han solicitado al gobierno:

Ya no puede sostenerse el argumento de que los países de Latinoamérica deben alcanzar previamente tasas de crecimiento similares a los países del Norte del Continente, para luego internalizar los costos ambientales asociados a la explotación forestal. La toma de decisiones en la producción forestal debe considerar todos los costos y beneficios de las actividades planificadas. De otra manera el sistema de libre mercado no podrá asignar adecuadamente el uso óptimo de los suelos.²⁹

Es necesario que en el proceso del ALCA se fijen políticas comerciales para reducir, reutilizar y reciclar productos madereros con miras a detener la deforestación global.

A fin de concretizar el principio precautorio deben anticiparse políticas y normas para reducir el consumo y explotación, por ejemplo, a través de la cooperación para implementar nuevas tecnologías de la información.

Es necesario la eliminación de aquellos subsidios y otros incentivos que lesionan a la economía global y afectan a los ecosistemas forestales.

III.         Acceso a la Información y Participación Social en el Proceso del ALCA

La información constituye un insumo esencial para alcanzar consensos y elevar los niveles de conciencia de las personas. La información permite a los países la generación de nuevos conocimientos para alcanzar el progreso técnico, el desarrollo económico y la justicia social y ambiental. Así, aquellos países más ricos en conocimiento e información, lo serán en desarrollo y bienestar social, abriéndose una brecha insalvable con aquellos países que carezcan de ambos.

Lo mismo debe decirse respecto al acceso a la información para la toma de decisiones en asuntos públicos nacionales o internacionales. Si bien nadie discute hoy que el acceso ciudadano a la información permite armonizar fines sociales deseables de crecimiento, equidad y sustentabilidad ambiental, ello no ha sido concretizado en lo que respecta a las decisiones públicas para cumplir los mismos objetivos. Se nos ha lustrado de las bondades de una participación informada y responsable, pero pocos son los logros en países como Chile.

Se ha avanzado en el establecimiento de fuentes de información y bases de datos pero escasamente para asegurar el derecho efectivo para acceder a ella. Por ello, la participación ciudadana en las decisiones en asuntos relativos al comercio y medio ambiente, sigue siendo una idea que reina pero que no gobierna las políticas públicas de los estados, ni menos aún, los acuerdos de la institucionalidad expresada a través de la OMC.

Debe destacarse que los miembros de la OMC acordaron mejorar el acceso del público a la documentación generada por la Organización (Decisión del Consejo General de 18/07/96). Por otra parte, durante su reunión en San José, Costa Rica, en marzo de 1998, los Ministros Responsables del Comercio del ALCA, reafirmaron su compromiso para actuar con transparencia en el proceso de las negociaciones y facilitar la participación de los diferentes sectores sociales.

Por ello siguiendo los marcos para la participación ciudadana en las actividades de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del NAFTA, deben crearse mecanismos similares en el proceso del ALCA como rendición de cuentas a la ciudadanía, apoyo financiero, reuniones públicas, convocatorias, etc.

Además, es necesario promover el acceso a la justicia en asuntos ambientales cuando se nieguen los mecanismos de acceso a la información en el orden nacional o internacional. Los estados deben promover el establecimiento de audiencias públicas periódicas nacionales o internacionales.

Los Estados y los organismos multilaterales no deben eludir el respeto al principio de la obligación de rendir cuentas públicas y a la transparencia en el proceso de toma de decisiones. El acceso a la información sobre comercio y medio ambiente debe ser la regla general y la reserva constituirse únicamente en la excepción a ella.³⁰

Los vehículos de entrega de información deben ser expeditos y su entrega en un plazo razonable a contar desde la fecha en que se haya presentado la solicitud, a menos que el volumen y la complejidad de los datos requeridos justifiquen una prórroga. Cada país miembros del ALCA, a través de sus autoridades, debe crear y mantener a disposición del público información actualizada.

En el orden internacional deben crearse mecanismos obligatorios para que las todas autoridades públicas, nacionales, regionales y municipales de los Estados estén debidamente informadas de las actividades propuestas en virtud del ALCA. Debe anunciarse y entregarse oportunamente información relativa a la evaluación del impacto social ambiental transfronterizo en América. La entrega de información debe ser gratuita, sin perjuicio del derecho de las autoridades a establecer tasas razonables por concepto del costo. No debe exigirse en el ámbito de la OMC y el proceso del ALCA un interés particular o derecho comprometido para acceder a información.

Finalmente, los funcionarios públicos, negociadores y autoridades públicas deben siempre recordar que el hombre es anterior y superior a los estados y sus fines, por lo cual, el ejercicio del poder a través de los gobiernos o la representación en organismos multilaterales debe siempre estar al servicio de la persona humana y no al revés.